La situación de la vivienda en España se ha vuelto cada vez más crítica, lo que ha llevado al gobierno a proponer diversas medidas de intervención. Sin embargo, expertos y autoridades europeas sostienen que el problema fundamental radica en la significativa falta de oferta de vivienda.
En una reciente discusión en Onda Cero, la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez afirmó que «el mercado está ahogando a las familias», resaltando las dificultades que enfrentan muchos españoles para conseguir un hogar. Este comentario sirvió como justificación para abogar por una mayor intervención estatal en el sector inmobiliario.
El impacto de la política gubernamental en la disponibilidad de vivienda
No obstante, los datos de los últimos siete años y medio bajo la administración del presidente Pedro Sánchez indican lo contrario. Sus políticas, dirigidas a proteger a los inquilinos de los propietarios y a promover la vivienda subvencionada, no han logrado aliviar los problemas de accesibilidad existentes. Por el contrario, parecen haber agravado la situación, resultando en un dramático descenso de las propiedades disponibles y un aumento casi incontrolable tanto en los precios de compra como de alquiler.
Los analistas indican que el desbalance en el mercado de la vivienda se ha intensificado por las acciones del gobierno actual, especialmente debido a la creciente preocupación de los propietarios sobre la posibilidad de no poder recuperar sus hogares en caso de impagos o ocupaciones ilegales. En lugar de abordar las preocupaciones legítimas de quienes poseen la mayoría del stock de vivienda, la ministra Rodríguez afirmó que, en lo que respecta a equilibrar los derechos de propiedad y el derecho a la vivienda, prioriza este último. Esta postura complica las posibilidades de que los propietarios reintegren sus hogares al mercado, lo que agrava aún más la crisis de oferta.
La evolución de la disponibilidad de vivienda en España
Hace quince años, tras el estallido de la bomba inmobiliaria, España se caracterizaba por una gran cantidad de viviendas desocupadas, con un stock acumulado de alrededor de 700,000 propiedades. Hoy, en un marcado contraste, el país enfrenta una situación paradójica de escasez de viviendas. Estimaciones recientes del Banco de España pronostican un déficit de 700,000 unidades para finales de año.
Además, el Comité de Vivienda del Parlamento Europeo ha identificado que los problemas de accesibilidad en España se deben principalmente a la disminución de la oferta, consecuencia de la rápida reducción del stock de vivienda acumulado antes de la pandemia. A pesar de esto, el gobierno se resiste a las solicitudes de los desarrolladores para liberalizar los terrenos públicos disponibles y facilitar cambios en el uso del suelo, alegando que tales acciones llevarían a una especulación similar a la de la anterior burbuja inmobiliaria.
Desafíos en la atención a la crisis de vivienda
El enfoque del gobierno para resolver la escasez de vivienda mediante una planificación estatal—apropiado para épocas de sobreconstrucción—solo sirve para aumentar la frustración de quienes más sufren por la falta de viviendas, especialmente los jóvenes. Una fuente significativa de molestia es la falta de soluciones prometidas. De las 185,000 nuevas viviendas que Pedro Sánchez prometió durante la campaña electoral de mayo de 2023, apenas unas pocas han sido entregadas, siendo la mayoría iniciativas de gobiernos locales anteriores.
A pesar de esto, la ministra Rodríguez sostiene que al centrarse en la construcción de viviendas sostenibles y en mejorar los ingresos familiares a través de políticas como el aumento del salario mínimo, el gobierno ha logrado reducir la carga financiera sobre las familias que buscan vivienda. Según Eurostat, en 2023, el 40% de los hogares destinaba el 40% de sus ingresos a costos de vivienda, cifra que ha disminuido al 28%, aunque sigue por encima del promedio europeo del 20%.
Obstáculos para el desarrollo de nuevas viviendas
No obstante, la movilización de un presupuesto público multimillonario y la creación de un Perte para el sector inmobiliario no se han traducido en un aumento en la disponibilidad de viviendas, principalmente debido a los prolongados plazos de construcción. El Ministerio reconoce que el tiempo promedio de tramitación de licencias municipales se extiende hasta 18 meses, un factor que afecta significativamente la introducción de nuevas propiedades al mercado.
Además, el Instituto de Estudios Económicos señala que todo el proceso desde la adquisición del terreno hasta la entrega de llaves a los compradores puede involucrar hasta 16 obligaciones fiscales diferentes. Por último, el aumento de los salarios mínimos y las contribuciones a la seguridad social, junto con el incremento de los costos energéticos, están erosionando la rentabilidad de muchos proyectos de vivienda.
La influencia de la oferta de vivienda en los precios
En una reciente discusión en Onda Cero, la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez afirmó que «el mercado está ahogando a las familias», resaltando las dificultades que enfrentan muchos españoles para conseguir un hogar. Este comentario sirvió como justificación para abogar por una mayor intervención estatal en el sector inmobiliario.0
En una reciente discusión en Onda Cero, la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez afirmó que «el mercado está ahogando a las familias», resaltando las dificultades que enfrentan muchos españoles para conseguir un hogar. Este comentario sirvió como justificación para abogar por una mayor intervención estatal en el sector inmobiliario.1