En el contexto económico actual de España, la presión fiscal ha alcanzado niveles sin precedentes, tanto para individuos como para empresas. El Gobierno español ha estado lidiando con el desafío de no presentar los Presupuestos del Estado a tiempo, lo que ha llevado a una serie de medidas fiscales que buscan aumentar los ingresos sin un marco presupuestario claro.
El incumplimiento presupuestario y sus consecuencias
Desde hace más de dos años, el Ejecutivo ha fracasado en su deber constitucional de presentar los presupuestos anualmente al Congreso, lo que ha suscitado inquietudes sobre la planificación económica del país. Inicialmente, en 2025, se argumentó que el Gobierno estaba en funciones, y en años posteriores se justificó la demora por la necesidad de resolver conflictos internos con los socios de coalición. A pesar de las promesas de que se agilizarían los trámites, la vicepresidenta María Jesús Montero ha admitido que se están haciendo esfuerzos, pero la falta de avances concretos es evidente, ya que aún no se ha definido el techo de gasto o la ruta de déficit.
Las medidas fiscales implementadas
Ante la incapacidad de establecer un presupuesto, el Gobierno ha recurrido a la prórroga presupuestaria, una opción legal que permite a las administraciones funcionar, pero que limita el aumento de ingresos. Para sortear estas restricciones, se han introducido múltiples medidas fiscales. El año pasado, se estableció un tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades, lo que resultó en un aumento significativo de la recaudación, alcanzando hasta 4.500 millones de euros adicionales hasta septiembre de este año.
Además, la presión fiscal ha aumentado de facto, ya que las tarifas del IRPF no se han ajustado a la inflación creciente, lo que ha permitido al Gobierno incrementar sus ingresos fiscales sin modificar las leyes tributarias. También se han aumentado las contribuciones sociales de las empresas y se han eliminado bonificaciones históricas que beneficiaban al sector privado.
El impacto en los ciudadanos
Este aumento de la presión fiscal no ha dejado de lado a los sectores más vulnerables de la población. Los trabajadores con salarios bajos y los pensionistas han sentido el peso de las políticas fiscales del Gobierno. Desde 2018, las pensiones se han revalorizado en función del IPC, lo que ha incrementado la recaudación tributaria a través de las prestaciones de jubilación. La carga fiscal sobre las pensiones ha crecido del 15,5% al 17,1% desde que Sánchez asumió la presidencia, según datos del Ministerio de Hacienda.
Comparativa internacional y consecuencias económicas
La presión fiscal en España ha alcanzado el 30,9% del PIB en 2025, un nivel que supera el máximo anterior de 30,5% registrado durante la burbuja inmobiliaria en 2007. Este aumento se ha dado en un contexto de recuperación del PIB post-pandemia, lo que sugiere que la carga tributaria está desproporcionadamente alta en comparación con otros países de la OCDE. En contraste, muchas naciones optaron por reducir la carga fiscal para ayudar a sus economías a recuperarse, mientras que España ha seguido un camino diferente, elevando los impuestos de manera significativa.
Desde 2010, los ingresos fiscales han aumentado del 12,7% al 16% del PIB en España, liderando el incremento de la presión fiscal entre los países de la OCDE. Mientras tanto, las comunidades autónomas y los ayuntamientos han visto incrementos menos significativos en sus ingresos fiscales, del 4,1% al 5,7% y del 2,8% al 3,1% respectivamente.
Estrategias del Gobierno y futuro fiscal
El Gobierno ha optado por maniobras de ingeniería presupuestaria para adaptarse a la situación actual, aprovechando las flexibilidades introducidas durante la pandemia. Esto ha permitido que las cuentas actuales se alejen considerablemente de las aprobadas a finales de 2025, con múltiples ajustes contables y aumentos de partidas que han generado un margen de gasto extra de aproximadamente el 18% del presupuesto total.
Así, mientras el Gobierno se enfrenta a la crítica por su incapacidad de presentar nuevos presupuestos, ha encontrado formas de operar y financiar sus actividades. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro fiscal del país persiste, y muchos analistas advierten que esta situación podría tener consecuencias significativas en el bienestar económico de los ciudadanos y en la estabilidad política del país.