Al registrarse en las plataformas de financiación participativa (PFP), tanto si se actúa como inversor como promotor, se establecen una serie de condiciones que implican derechos y responsabilidades para cada parte involucrada. En este contexto, es fundamental entender quiénes son los actores principales: la plataforma, el promotor y el inversor.
Este artículo tiene como objetivo desglosar la estructura de los contratos que se generan en este tipo de financiación, así como las obligaciones de cada parte. Al final, se ofrecerá un panorama legal que los inversores deben conocer al participar en estas plataformas.
Tipos de contratos en plataformas de financiación participativa
Cuando se habla de plataformas de crowdfunding y crowdlending, se debe tener en cuenta que existen múltiples contratos que regulan las relaciones entre las partes. En total, son tres los contratos que se establecen:
Contrato entre el promotor y la plataforma
El primer contrato es el que vincula al promotor con la plataforma, conocido como contrato de prestación de servicios. Este documento establece las condiciones bajo las cuales la plataforma ofrecerá sus servicios al promotor, incluyendo aspectos como las comisiones y las obligaciones de cada parte.
Contrato entre inversor y plataforma
El segundo contrato se da entre el inversor y la plataforma. Este incluye las condiciones generales y el contrato de mandato. Para una comprensión más profunda de cómo opera el contrato de mandato y las distintas modalidades que pueden existir, se recomienda consultar la entrada específica sobre este tema.
En este contrato, la plataforma actúa en nombre del inversor, lo que significa que tiene la responsabilidad de gestionar las inversiones y actuar en su representación. Esto es crucial, especialmente en casos de conflicto o incumplimiento de acuerdos.
Interacción entre inversor y promotor
El tercer contrato es el que se establece directamente entre el inversor y el promotor. En esta relación, las cuestiones que surgen, ya sea por inversiones en equity o préstamos, deben ser resueltas entre ellos. Sin embargo, es importante destacar que cualquier reclamación que un inversor desee realizar hacia el promotor debe hacerse a través de la plataforma, que actúa como un intermediario facilitador.
Por ejemplo, si un préstamo no se cumple, la plataforma, en representación de los inversores, se comunicará con el promotor para buscar una solución amistosa. Si no se llega a un acuerdo, los pasos pueden incluir acciones legales, cuyos costos serán cubiertos por los inversores, descontándose de las cantidades recuperadas.
Aspectos legales y regulaciones
Las plataformas de financiación participativa están reguladas por el Reglamento 2025/1503 (UE), aunque algunas todavía operan bajo el reglamento anterior hasta su adaptación completa. Este nuevo reglamento establece los criterios que las plataformas deben cumplir, así como los servicios que deben ofrecer. Un aspecto relevante es que deben contar con un capital social mínimo y un seguro de responsabilidad civil para cubrir posibles negligencias.
Además, es crucial que los inversores estén al tanto de las leyes que los protegen. Por ejemplo, la Ley 5/2015 de financiación empresarial ha sufrido modificaciones importantes, y es necesario tomar en cuenta la Ley 2/2009 sobre la contratación de préstamos. Por otro lado, las interacciones en línea están sujetas al Reglamento Europeo 910/2014, que regula la identificación electrónica en transacciones.
Precauciones al invertir
Es fundamental que los inversores se mantengan alerta ante plataformas que no cumplan con los requisitos legales. La falta de regulación puede ser indicativa de una potencial estafa. La seguridad en la inversión es clave, y siempre se debe investigar a fondo antes de comprometer fondos.
En resumen, este artículo ha abordado los elementos cruciales que los inversores deben considerar al participar en plataformas de financiación participativa. No solo es esencial entender los contratos que se firman, sino también las normativas que regulan el entorno en el que se opera.