La Autoridad Fiscal ha elevado una consulta a la Abogacía del Estado sobre la solicitud del Ministerio de Seguridad Social para llevar a cabo una segunda evaluación del sistema público de pensiones el próximo año. Pero, ¿qué hay detrás de esta controversia? Todo se enmarca en un contexto donde la Autoridad, dirigida por Cristina Herrero, ya había emitido un primer dictamen a finales de marzo, generando tensiones con el Gobierno por las condiciones impuestas en dicha evaluación.
Contexto de la controversia
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) aprobó su primer examen a la reforma de pensiones con una votación muy ajustada, lo que desató un verdadero campo de polémica. Ahora, el Ministerio de Seguridad Social ha pedido que la Airef elabore un nuevo informe antes del 1 de junio de 2026, lo que representa un adelanto de dos años respecto a lo que la ley establecía inicialmente. Este nuevo pedido ha sido visto como un abuso de los encargos hacia la Airef, que se siente bajo presión por esta carga adicional, sin que se valore adecuadamente el trabajo que ya han realizado.
En declaraciones recientes, Herrero ha planteado la necesidad de que la Abogacía del Estado aclare qué implica realmente este nuevo encargo. La Autoridad exige un enfoque restrictivo sobre la posibilidad de imponer, por ley, informes adicionales, ya que teme que esto comprometa su autonomía. ¿Realmente se está priorizando la independencia de la Airef?
Detalles sobre el nuevo informe solicitado
El nuevo informe que solicita el Ministerio debe tomar en cuenta datos macroeconómicos definitivos y se aleja del decreto anterior, que obligaba a contabilizar las transferencias estatales como ingresos ordinarios del sistema de pensiones. Esta modificación se da tras las críticas recibidas en Bruselas, donde la primera evaluación no convenció a los organismos europeos, que señalaron que la metodología utilizada por la Seguridad Social no reflejaba adecuadamente la realidad del financiamiento del sistema.
Las preocupaciones sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones están en aumento, y el informe de sostenibilidad de las Administraciones Públicas presenta un panorama pesimista, proyectando una creciente deuda pública y un déficit significativo relacionado con el gasto en pensiones. En este contexto, el Gobierno ha solicitado esta nueva evaluación, lo que ha llevado a la Airef a manifestar su descontento. ¿Estamos ante una crisis inminente en el sistema de pensiones?
Reacciones del Gobierno y del Ministerio de Seguridad Social
Desde el Ministerio de Seguridad Social se insiste en que el nuevo informe es solo un seguimiento y no una evaluación formal. Sin embargo, los parámetros establecidos para este seguimiento son muy similares a los de la evaluación original, lo que sugiere que el Gobierno sigue comprometido a realizar ajustes en función de los resultados que se obtengan. ¿Es este un acto de transparencia o una maniobra política?
El Ejecutivo ha afirmado que respeta la independencia de la Airef y que la reforma de pensiones incluye mecanismos de revisión basados en los informes de esta autoridad. A pesar de las tensiones, el Gobierno mantiene su confianza en la capacidad de la Airef para realizar evaluaciones objetivas. Mientras tanto, la comunidad política y económica está atenta al desarrollo de esta situación, que podría tener implicaciones significativas para la estabilidad del sistema de pensiones en el país. ¿Estamos preparados para lo que viene?