El reciente acuerdo de financiación singular para Cataluña ha generado un torbellino de reacciones, no solo en el ámbito político, sino también a nivel técnico. Sellado entre el Gobierno central y la Generalitat, este pacto, formalizado ayer, ha encontrado una rotunda oposición de otros gobiernos regionales y de la oposición política.
¿Qué está en juego realmente con este acuerdo? Las dudas y críticas están a la orden del día, y los expertos y funcionarios de Hacienda no se quedan atrás en sus inquietudes.
Críticas desde el ámbito político y técnico
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha alzado la voz, expresando su preocupación. Si Cataluña llega a recaudar todos los impuestos, ¿qué pasará con las demás comunidades autónomas? Según advierten, esto podría llevar a una desigualdad en la financiación de servicios públicos, creando una especie de ciudadanos de primera y de segunda. Además, han señalado que el modelo propuesto carece de respaldo constitucional, lo que podría convertirlo en un régimen potencialmente ilegal que viola los principios de igualdad y solidaridad que nos rigen.
Este modelo, si se expandiera, podría tener repercusiones severas en el sistema tributario español. Los inspectores subrayan que el Estado podría quedarse sin los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones esenciales, como el pago de pensiones y servicios sociales. Y no están solos en su preocupación; Gestha, la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda, también comparte la opinión de que implementar un sistema tributario federal podría requerir la creación de un “consorcio tributario” para gestionar el IRPF.
Implicaciones económicas y administrativas
Este acuerdo, que prevé un traspaso significativo de fondos, podría disparar la recaudación de Cataluña de 5.238 millones a ¡38.238 millones! para 2026. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? La Agencia Tributaria Catalana, que actualmente cuenta con 832 empleados, tendría que aumentar su plantilla en unos 5.200 trabajadores, incluidos 2.000 inspectores. Sin embargo, muchos técnicos son escépticos sobre la viabilidad de este aumento, temiendo que muchos empleados de la Agencia Estatal no quieran mudarse.
Diego Martínez, catedrático de Economía, subraya que este acuerdo podría ser solo el primer paso hacia la recaudación total de impuestos en Cataluña. Esto afectaría profundamente la redistribución de la renta a nivel nacional y la capacidad del Estado para estabilizar la economía. En este clima de tensión, las críticas políticas no se han hecho esperar. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha calificado el pacto de “atraco a la nación” y una “sentencia de muerte contra España”.
Reacciones de los partidos políticos
El acuerdo ha sido objeto de críticas incluso de aquellos que, en teoría, lo respaldan. ERC, que impulsó el pacto a cambio de la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha manifestado que, aunque se han logrado avances, el país necesita más concreción y menos escenificación. Desde Junts, el acuerdo ha sido calificado de “profundamente decepcionante”, lo que pone de manifiesto la fractura y el descontento entre las formaciones políticas catalanas.
El portavoz del PP ha criticado que los acuerdos de financiación deberían discutirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no en reuniones bilaterales que, según él, favorecen un chantaje político. La falta de consenso es evidente, y hasta en Sumar han mostrado cautela, reconociendo que, aunque es positivo abrir el debate sobre la financiación autonómica, el acuerdo actual deja insatisfechos a muchos grupos. ¿Estamos ante el inicio de un nuevo capítulo en la política española?