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La ola de incendios forestales que azota España ha alcanzado niveles alarmantes, marcando la peor crisis de este tipo en tres décadas. ¿Te imaginas un escenario donde las llamas no respetan límites, devastando vastas áreas en diferentes comunidades autónomas? Así comienza este fenómeno que se desató en Porto de Sanabria, en Zamora, y que ya ha llegado a Galicia, dejando a su paso miles de hectáreas de bosques perdidos, incluyendo el antiguo bosque de Pena Trevinca.
La situación se complica aún más con el incendio de Larouco en Ourense, que ha arrasado 20,000 hectáreas y ha hecho que varios focos lleguen a la provincia de Lugo, separada por el río Sil.
Declaración de emergencia y medidas gubernamentales
Ante esta catástrofe, el Gobierno español ha decidido declarar las áreas afectadas como «zonas de emergencia de protección civil». Esta declaración se formalizará en el próximo Consejo de Ministros, programado para el martes de la próxima semana. Así lo anunció el presidente Pedro Sánchez tras visitar el centro de mando del incendio de Jarilla en Cáceres, que sigue fuera de control y ha alcanzado un perímetro de 160 kilómetros. ¿Qué significa esto para los afectados?
La declaración como zona catastrófica es crucial para que los miles de afectados por pérdidas materiales puedan acceder a indemnizaciones, independientemente de si tienen un seguro que cubra daños por incendios. Esta medida también se aplicó el año pasado a las 28 comarcas afectadas por inundaciones y tormentas, lo que demuestra la gravedad de la situación climática en el país.
Ahora, los municipios afectados podrán acceder a ayudas gubernamentales para la reconstrucción. A su vez, particulares y empresas tendrán ampliados los plazos para presentar reclamaciones a las aseguradoras. Instituciones financieras como BBVA, Banco Sabadell, Abanca y Unicaja han lanzado líneas de financiación para ayudar a los afectados. Por su parte, Allianz ha reforzado sus recursos técnicos para ofrecer apoyo a sus clientes en las zonas perjudicadas.
Impacto del cambio climático y gestión forestal
Pedro Sánchez también ha reiterado la necesidad de un pacto estatal por el clima, haciendo un llamado a la oposición para obtener «lealtad institucional». Aseguró que la magnitud de los incendios está vinculada a la emergencia climática actual. Sin embargo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al presidente, acusándolo de «escatimar e improvisar» en la respuesta a esta crisis.
Los expertos advierten que es necesario realizar cambios profundos en la gestión forestal, especialmente en lo que respecta a la limpieza y control del sotobosque. Alfredo Rodríguez, exdecano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en Castilla y León, señala que el problema radica en la acumulación de biomasa joven, la cual es altamente inflamable. Residiendo en la comunidad más extensa de España, donde se han contabilizado cerca de 14,000 incendios en los últimos diez años, Rodríguez enfatiza que sin la intervención adecuada, los incendios de gran magnitud continuarán siendo una amenaza.
\»Con el mismo clima y el paisaje de hace 60 años, no hubiéramos tenido incendios de tal magnitud\», afirma Rodríguez, quien recuerda que, en el pasado, la población rural y prácticas como el uso de leña y el mantenimiento de cultivos eran beneficiosas para la prevención de incendios.
Propuestas para un futuro sostenible
Rodríguez también destaca la importancia de abordar factores sociológicos que influyen en la gestión forestal, como el uso de cremas prescritas para controlar el matorral, un método que ha sido ilegal durante años. A partir de 2024, en Castilla y León ya no será necesario solicitar autorización para realizar labores de limpieza en el campo, eliminando así algunas cargas burocráticas, aunque persisten otros desafíos.
Muchos terrenos están abandonados y sin escriturar, lo que complica su mantenimiento debido a la despoblación rural. La falta de interés en la explotación de estos terrenos ha llevado a una acumulación de maleza. La situación es crítica en comunidades como Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura, donde la población ha disminuido drásticamente desde los años 80.
En un contexto donde se discuten grandes objetivos como la lucha contra el cambio climático y la despoblación, Rodríguez insta a las autoridades a priorizar iniciativas prácticas, como el cuidado del sotobosque y la regularización de terrenos abandonados. ¿Podría esto facilitar su arrendamiento a jóvenes agricultores y contribuir a la revitalización del paisaje rural?
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