El 3 de julio de 2025, la Cátedra Barcelona de Estudios de Vivienda (CBEH) lanzó un conjunto de propuestas para abordar la crisis habitacional que afecta a España. Judith Gifreu y Juli Ponce, los codirectores de la cátedra, hicieron hincapié en la urgencia de cuadruplicar la inversión pública en vivienda, para asegurar un verdadero servicio público que respete el derecho a la vivienda.
Este informe se deriva de las conclusiones del I Congreso Internacional de Vivienda y Ciudad, realizado en Barcelona, y refleja tres años de intenso trabajo del clúster académico en este ámbito.
Diagnóstico de la situación actual
La situación en España es, sin duda, alarmante. El país destina apenas el 0,14% de su PIB a vivienda, lo que se traduce en solo 34 euros por habitante al año. ¿Te imaginas? Esta cifra está muy por debajo de la media de la Unión Europea, que se sitúa en 160 euros, y aún más lejos de países como Irlanda, donde se alcanzan los 334 euros por persona. Gifreu y Ponce destacan que esta falta de inversión ha sido una constante durante décadas, limitando la capacidad para crear un parque de vivienda pública adecuado.
Entre 2007 y 2018, el gasto estatal en vivienda se redujo en un 38%, y en Cataluña, se registró una disminución del 50% entre 2008 y 2020. “Imaginar un sistema sanitario o educativo con este nivel de financiación sería inaceptable; sin embargo, en vivienda se ha tolerado”, afirman los investigadores. La falta de recursos públicos ha impedido implementar soluciones efectivas a la crisis habitacional, que se manifiesta en un aumento significativo de los precios de los alquileres y en un acceso limitado a una vivienda digna.
Propuestas y medidas urgentes
La Cátedra propone un cambio radical en la forma de entender la vivienda, sugiriendo que debe ser considerada como un servicio público esencial, al igual que la educación o la sanidad. Esto implicaría que los ayuntamientos tengan la obligación legal de garantizar el acceso a vivienda asequible, en lugar de ser una cuestión opcional. Actualmente, ningún municipio está obligado por ley a proporcionar soluciones habitacionales, lo que ha llevado a una escasez de viviendas públicas que ofrezcan alternativas a los precios del mercado. ¿No crees que esto debería cambiar?
Entre las recomendaciones más relevantes se encuentran la creación de mecanismos de financiación estables, como las preasignaciones presupuestarias, que aseguren un mínimo de gasto sostenido en el tiempo. Para alcanzar los estándares europeos, se estima que España necesita cuadruplicar su inversión actual y mantenerla a largo plazo. “No se puede garantizar un derecho constitucional sin recursos. La vivienda debe ser una prioridad presupuestaria”, subrayan los directores de la Cátedra.
Fiscalidad y colaboración público-privada
Otro aspecto crucial en esta propuesta es la necesidad de una fiscalidad justa y coherente que no premie actividades especulativas. Esto implica revisar a fondo la tributación relacionada con la vivienda, aplicando impuestos que desincentiven la especulación y fomenten el acceso a la vivienda. Por ejemplo, se propone aplicar IVA a los alquileres turísticos y crear impuestos a la especulación que dirijan recursos hacia la vivienda pública.
Además, la Cátedra sugiere involucrar al sector privado y al tercer sector en la promoción de vivienda asequible, siempre bajo un marco regulador que garantice la rentabilidad social y la permanencia de estas viviendas en el mercado accesible. La crisis habitacional es compleja y multifacética, por lo que se requiere una mirada integral que combine el conocimiento jurídico, económico, urbanístico y social para diseñar políticas públicas eficaces y sostenibles. ¿Seremos capaces de hacer frente a este desafío juntos?