La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), junto a los sindicatos CCOO PV y UGT PV, han lanzado un llamado urgente a la acción. En un comunicado conjunto, piden una reforma justa del sistema de financiación autonómica, destacando que el modelo actual es «inconstitucional».
¿No te parece sorprendente que un sistema diseñado para ser temporal en 2009 ya esté en el ojo del huracán por su falta de actualización?
Contexto de la reclamación
Las organizaciones firmantes expresan su preocupación por el estado del sistema de financiación vigente. Se estableció como transitorio en 2009 y, desde 2014, ha sido considerado obsoleto. Según ellos, la falta de revisión de este modelo no es solo un retraso administrativo, sino que crea una anatomía jurídica que afecta principios constitucionales fundamentales como la seguridad jurídica y la lealtad institucional. ¿Hasta cuándo se puede seguir ignorando este problema?
En su declaración, los agentes sociales y económicos de la Comunidad Valenciana subrayan que la reforma debe ser un proceso colectivo, involucrando a todas las comunidades autónomas. «No se puede negociar unilateralmente un sistema común», enfatizan, haciendo hincapié en la necesidad de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos. ¿No es hora de que todos los actores se unan por un cambio significativo?
Demandas específicas de los firmantes
En su comunicado, la CEV y los sindicatos han delineado cuatro demandas clave que consideran esenciales para alcanzar una reforma efectiva:
- Reforma urgente: Crear un nuevo modelo basado en la equidad, la transparencia y el criterio de población ajustada.
- Reconocimiento de la deuda histórica: Compensar la infrafinanciación acumulada a lo largo de los años mediante mecanismos de condonación.
- Inversiones proporcionales: Asegurar que las inversiones del Estado en el territorio sean proporcionales al peso poblacional de la Comunidad Valenciana.
- Mecanismos transitorios de nivelación: Implementar recursos inmediatos para mitigar el déficit de financiación hasta que se apruebe el nuevo modelo definitivo.
Los firmantes argumentan que la situación actual del sistema de financiación autonómica contradice los artículos 138.2 y 139 de la Constitución Española, que exigen reglas comunes y criterios objetivos para garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos fundamentales. ¿Quién puede estar en desacuerdo con la necesidad de un sistema más justo?
Posibles acciones legales y conclusión
Frente a la inacción del gobierno, los firmantes están considerando acciones legales. La idea es presentar pruebas ante el Tribunal Constitucional que demuestren cómo el actual sistema de financiación incumple los estándares establecidos. La doctrina del Tribunal ya ha indicado que las diferencias en financiación deben justificarse de manera objetiva y razonable. La falta de una revisión efectiva desde 2014 ha llevado a una creciente desigualdad. ¿Estamos ante el inicio de una confrontación judicial?
Este comunicado conjunto pone de manifiesto la frustración de los agentes sociales valencianos ante un sistema que consideran ineficaz. Es evidente que la situación demanda una revisión urgente para asegurar la equidad y la justicia en la financiación autonómica. ¿Estamos dispuestos a esperar más tiempo para que se escuchen nuestras voces?