El Ministerio de Economía en España se encuentra en un intenso debate sobre la transferencia de poderes relacionados con las fusiones bancarias al Banco de España. Este cambio responde a la implementación de una directiva europea que exige que los supervisores financieros tengan control sobre estas operaciones.
Sin embargo, el gobierno no está dispuesto a renunciar por completo a su capacidad de decisión en este ámbito.
Un hecho reciente que ha acelerado esta discusión fue la fallida opa hostil de BBVA sobre Banco Sabadell, un episodio que evidenció las tensiones entre las regulaciones nacionales y las exigencias de Bruselas. A pesar de la resistencia inicial del gobierno a ceder su autoridad, ahora se enfrenta a la necesidad de alinearse con la normativa europea.
Contexto de la normativa europea y su impacto en España
La directiva conocida como CRD VI es clave en este proceso, ya que busca armonizar los requisitos de capital bancario en toda Europa. Esta normativa, que España debe adoptar antes del 11 de enero de, estipula que los supervisores de entidades de crédito deben contar con todas las facultades necesarias para gestionar operaciones significativas, incluidas las fusiones y adquisiciones.
Implicaciones de la directiva CRD VI
Esta normativa no solo afecta al Banco de España, sino que también involucra al Banco Central Europeo (BCE) en el caso de entidades de gran tamaño. La directiva establece que los supervisores deben tener la autoridad para evaluar y, en su caso, autorizar operaciones que puedan afectar la estabilidad del sistema financiero.
En España, el gobierno ha ejercido un control considerable sobre las fusiones bancarias gracias a la Ley de Solvencia de 2014. Sin embargo, esta situación ha sido criticada por la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que han instado a España a ceder más poder al Banco de España y al BCE en este ámbito.
Retos en la implementación y la postura del gobierno
A medida que el gobierno se prepara para transponer la directiva, enfrenta un desafío significativo: conciliar las exigencias de Bruselas con su deseo de mantener cierto control sobre las fusiones bancarias. Fuentes cercanas al gobierno indican que se está evaluando la posibilidad de conservar algunas competencias en este asunto, aunque no hay garantías al respecto.
La respuesta de la Comisión Europea
La reacción de Bruselas será crucial en este proceso. Actualmente, existe un expediente abierto contra España por la intervención del gobierno en la opa de BBVA sobre Sabadell, lo que pone de relieve las tensiones entre la legislación nacional y las normas europeas. La Comisión ha señalado que la ley española otorga al gobierno poderes que podrían considerarse incompatibles con las competencias del BCE y los supervisores nacionales.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido que la regulación española es compatible con la normativa europea. Sin embargo, esto deberá ser evaluado cuidadosamente a medida que se avance en la transposición de la directiva.
España se encuentra en un momento decisivo en su regulación bancaria. La decisión de ceder el control de las fusiones al Banco de España no solo implica un cumplimiento normativo, sino que también podría redefinir el papel del gobierno en la supervisión bancaria futura. El desarrollo de los acontecimientos en las próximas semanas será clave para el futuro del sistema financiero español.