Las recientes evaluaciones de las principales agencias de calificación crediticia, Fitch, Moody’s y S&P, han puesto de relieve la estabilidad económica de España. Aunque estas agencias han elevado sus calificaciones sobre la deuda española, lo que indica un nivel de confianza en la economía del país, también advierten sobre riesgos significativos que pueden poner en peligro esta trayectoria positiva.
La causa principal de preocupación radica en la aparente parálisis dentro del gobierno, que ha obstaculizado reformas esenciales.
Crecimiento económico en medio de la incertidumbre
La economía española ha demostrado resiliencia, impulsada por factores como la inmigración y su influencia positiva en el mercado laboral. Este crecimiento se produce en un contexto de débil expansión económica global, junto con el aumento de tensiones geopolíticas y barreras comerciales. Como resultado, España se ha vuelto cada vez más atractiva para los inversores que buscan estabilidad.
Recuperación de deudas y calificaciones de inversión
El proceso ágil de desapalancamiento del sector privado contrasta notablemente con el aumento continuo de las deudas estatales. Esta situación ha permitido que los bonos españoles recuperen el prestigio que habían perdido durante la crisis financiera de 2008. Actualmente, España está al borde de unirse a las grandes economías que disfrutan de calificaciones de inversión alta. Sin embargo, este panorama optimista se ve matizado por las advertencias de las agencias de crédito sobre posibles obstáculos que podrían frenar este avance.
El impacto de la inacción legislativa
En el centro de las preocupaciones planteadas por Fitch, Moody’s y S&P se encuentra el estancamiento legislativo que ha caracterizado al gobierno de Pedro Sánchez. El hecho alarmante de que España se dirige hacia su tercer año consecutivo sin aprobar un presupuesto se considera un síntoma preocupante de problemas más profundos. Esta falta de reformas estructurales tras la pandemia se percibe como una vulnerabilidad crítica que podría minar la confianza de los inversores.
Dependencia del apoyo externo
El gobierno ha logrado navegar estas aguas turbulentas en gran medida gracias a ajustes presupuestarios relacionados con las cuentas de 2023 y, notablemente, al significativo ingreso financiero del Fondo Europeo de Recuperación. El propio Sánchez se refirió a estos fondos como “otros presupuestos”. Sin embargo, desde la perspectiva de un inversor, esta dependencia de recursos externos representa un riesgo creciente, especialmente considerando la naturaleza discrecional de la administración de dichos fondos. Además, han surgido preocupaciones tras las observaciones de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), que ha señalado dificultades para ejercer sus funciones de supervisión debido a la falta de transparencia por parte del Ministerio de Hacienda.
Desafíos para la inversión extranjera
Las agencias de crédito han señalado que el gobierno ha desperdiciado los beneficios de los ingresos fiscales récord acumulados desde 2022. En lugar de abordar los desequilibrios económicos existentes, la administración ha recibido críticas por sus políticas regulatorias, las cuales desalientan la inversión extranjera. Un asombroso 60% de disminución en la inversión foránea hasta junio, en comparación con años anteriores, ha encendido las alarmas sobre la viabilidad de España como destino de inversión.
Perspectivas futuras y confianza de los inversores
La posibilidad de una nueva prórroga presupuestaria se presenta de manera ominosa, con agencias de crédito advirtiendo que tal movimiento podría dañar gravemente la confianza de los inversores, a pesar de las recientes mejoras en las calificaciones. Las incertidumbres sobre la capacidad del gobierno para implementar las reformas necesarias podrían tener efectos negativos a largo plazo en la economía española.
La situación económica en España presenta signos de esperanza, pero las advertencias de Fitch, Moody’s y S&P subrayan la fragilidad actual. Es crucial que se implementen reformas estructurales y acciones legislativas decisivas para evitar pérdidas de inversión en los próximos años.