La reciente aprobación de la ley que regula los criptoactivos en España ha marcado un cambio significativo en el panorama fiscal del país. Esta normativa, que implementa la Directiva Europea DAC8, busca fortalecer la transparencia y el control tributario en el ámbito de las criptomonedas.
Con esta medida, el gobierno español se alinea con las directrices europeas, promoviendo una mayor trazabilidad de las operaciones digitales.
En un contexto donde las criptomonedas han pasado de ser una curiosidad tecnológica a un activo de inversión popular, es crucial que los contribuyentes comprendan sus nuevas obligaciones fiscales. La Agencia Tributaria ahora tiene la autoridad para embargar activos digitales en casos de fraude o impago, lo que resalta la importancia de cumplir con las normativas establecidas.
Marco legal y obligaciones fiscales
La ley 11/2025, junto con el Real Decreto 249/2025, establece un marco claro sobre qué se considera un criptoactivo. Según la legislación, estos activos son representaciones digitales de valor que se pueden almacenar y transferir electrónicamente utilizando tecnología blockchain. Esto incluye no solo criptomonedas tradicionales como Bitcoin y Ethereum, sino también otros tipos de tokens, como los NFTs y las stablecoins.
Implicaciones para los contribuyentes
Con la implementación de nuevas normativas, la Agencia Tributaria ha intensificado su supervisión sobre las transacciones de criptomonedas. Los ciudadanos deben estar preparados para declarar cualquier ganancia obtenida a través de la compraventa de criptoactivos. Por ejemplo, al vender Bitcoin por euros y obtener ganancias, el contribuyente estará sujeto a un impuesto que oscila entre el 19% y el 28%, dependiendo de su situación fiscal.
Además, las ganancias derivadas de actividades como el staking o la minería también están sujetas a tributación. Es esencial que los contribuyentes mantengan un registro riguroso de todas sus transacciones, ya que cualquier omisión podría resultar en sanciones severas.
Modelo 721 y su aplicación
A partir del 1 de enero de 2025, se comenzará a aplicar de manera obligatoria el Modelo 721. Esta declaración informativa es necesaria para aquellos que posean criptoactivos en el extranjero o en plataformas no domiciliadas en España, siempre que el valor total supere los 50.000 euros. Esta nueva obligación busca garantizar que todos los activos digitales sean reportados adecuadamente a las autoridades fiscales.
Consecuencias de no declarar correctamente
La falta de declaración de criptoactivos puede resultar en multas significativas. Las sanciones pueden ascender a 5.000 euros por cada dato no declarado o incorrecto, con un mínimo de 10.000 euros. Además, la Agencia Tributaria podría considerar el saldo no declarado como una ganancia patrimonial no justificada, lo cual podría resultar en recargos adicionales.
Consejos para cumplir con las normativas fiscales
Para garantizar el cumplimiento de las nuevas normativas, es recomendable seguir ciertos pasos. Primero, es fundamental registrar todas las operaciones realizadas durante el año, incluyendo compras, ventas y swaps. También se debe calcular la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión de cada activo al momento de una operación.
Utilizar herramientas como software de gestión fiscal especializado puede simplificar este proceso, facilitando la presentación del Modelo 721 y asegurando que se cumplan todas las obligaciones tributarias. Además, contar con la asesoría de expertos en fiscalidad de criptoactivos, como Fiscalisy, puede ser invaluable para evitar errores y optimizar la carga tributaria.
Finalmente, a medida que el marco normativo se vuelve más estricto, los inversores deben adaptarse a las nuevas realidades del mercado de criptoactivos. La regulación no debe ser vista como un obstáculo, sino como una oportunidad para integrar de manera más efectiva los criptoactivos en el sistema económico.