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En los últimos años, España ha visto un notable aumento en la presión fiscal, tanto sobre individuos como sobre empresas. Este fenómeno ha surgido en un contexto donde el Gobierno enfrenta dificultades para presentar los Presupuestos del Estado, lo que ha llevado a un uso intensivo de la prórroga presupuestaria.
La incapacidad de cumplir con la obligación de presentar los presupuestos a tiempo ha generado inquietudes sobre la estabilidad económica del país.
Desde que el gobierno actual asumió funciones, han transcurrido 771 días sin que se hayan presentado los nuevos presupuestos. La situación se justificó por la falta de acuerdo en el ámbito político, y la justificación se ha centrado en la necesidad de resolver disputas internas dentro del propio Gobierno. A pesar de las promesas de avanzar en la aprobación de los presupuestos, la realidad es que aún no se han presentado los elementos básicos necesarios para su formulación.
El impacto de la prórroga presupuestaria
La prolongación de las cuentas ha permitido al Gobierno operar sin un marco fiscal claro, recurriendo a la prórroga presupuestaria como una solución temporal. Esta estrategia, aunque legal, plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente los ingresos y gastos públicos. Sin un plan financiero sólido, es difícil que una administración pueda funcionar de manera efectiva.
Caminos alternativos para generar ingresos
Para sortear las limitaciones impuestas por la prórroga, el Gobierno ha implementado diversas medidas fiscales. Se introdujo un nuevo tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades, que ha permitido una recaudación adicional de hasta 4.500 millones de euros hasta septiembre del presente año. Esta acción ha contribuido a establecer récords en la recaudación tributaria, aunque también ha incrementado la carga fiscal para muchas empresas.
Además, la falta de actualización de las tarifas del IRPF ha sido un factor clave en el aumento de los ingresos fiscales, especialmente en un contexto de fuerte inflación. La decisión de no ajustar estas tarifas ha resultado en un incremento significativo en la carga tributaria para los ciudadanos, quienes han visto cómo sus salarios se ven erosionados por la falta de adaptación de la fiscalidad a la realidad económica.
Consecuencias para los ciudadanos y pensionistas
Las medidas adoptadas por el Gobierno no han dejado a salvo a los sectores de menores ingresos. Los pensionistas, por ejemplo, han experimentado un aumento en la carga fiscal media. Desde 2018, las pensiones han sido revalorizadas, vinculándose a la inflación, lo que ha elevado la recaudación del Fisco a través de impuestos sobre estas prestaciones. Según datos recientes, la carga fiscal sobre las pensiones ha pasado del 15,5% al 17,1% durante el mandato actual.
Con este aumento, la presión fiscal en España ha alcanzado el 30,9% del PIB, superando los niveles históricos alcanzados en 2007. Este incremento ha generado alarmas, dado que se ha producido en un contexto donde el crecimiento del PIB podría llevar a pensar en una reducción de la carga impositiva, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países europeos.
Estrategias del Gobierno para mantener el gasto
El Gobierno también ha hecho uso de ingeniería presupuestaria para ampliar el margen de gasto. Aprovechando la flexibilidad normativa introducida durante la pandemia, se han realizado aumentos de crédito significativos, que han permitido la reasignación de recursos dentro del presupuesto existente. Hasta septiembre, se habían aprobado ampliaciones de crédito por un monto de 44.900 millones de euros y transferencias entre partidas por 32.400 millones, lo que representa un 18% adicional del presupuesto total.
Esta situación ha generado un ambiente de incertidumbre en el ámbito político, especialmente con las elecciones a la vista. El hecho de que el Gobierno no presente sus prioridades y no avance en la elaboración de nuevos presupuestos plantea interrogantes sobre su capacidad de gestión y su compromiso con la responsabilidad fiscal.
En conclusión, el aumento de la presión fiscal en España representa un desafío tanto para los ciudadanos como para las empresas. La falta de presupuestos claros y la estrategia de prórrogas han dejado al Gobierno en una posición delicada, donde las decisiones fiscales han tenido un impacto directo sobre la economía y el bienestar de la población.
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