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La Comisión Europea ha lanzado un contundente ultimátum al Gobierno español. ¿La razón? Exigen la corrección de diversas irregularidades en las prórrogas de las concesiones de peajes en las autopistas AP-66 y AP-9. Este requerimiento pone en duda la legalidad de las ampliaciones realizadas, que, según Bruselas, infringen las normas de contratación pública de la Unión Europea.
Si el Gobierno no actúa de manera adecuada en un plazo de dos meses, los servicios comunitarios podrían llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE.
Irregularidades denunciadas por Bruselas
Según la Comisión Europea, las prórrogas de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66, extendidas por 25 y 29 años respectivamente, no cumplieron con los procedimientos establecidos por la legislación comunitaria. En su informe, Bruselas resalta que España vendió ambas concesionarias sin convocar los procedimientos de licitación necesarios ni publicar los avisos correspondientes en el Diario Oficial de la UE. Esta falta de acción se considera una “modificación sustancial”, que equivaldría a adjudicar nuevos contratos, lo que obligaría a un “procedimiento de licitación competitivo” según las directivas europeas.
Ahora, el Gobierno español tiene un plazo de dos meses para atender las preocupaciones planteadas por Bruselas y para implementar las medidas necesarias que corrijan estas irregularidades. De no hacerlo, podría abrirse un procedimiento de infracción que culminaría en una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE. ¿Qué pasará si no se actúa?
Reacciones del Gobierno y consecuencias financieras
Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, han confirmado que se explorarán todas las vías posibles para responder al ultimátum de Bruselas, incluyendo la posibilidad de interponer recursos. Fuentes del Ministerio argumentan que las políticas del actual Gobierno van en dirección opuesta a la continuidad de los peajes, pero que están cumpliendo con todos los requerimientos de la Comisión Europea “por responsabilidad y para velar por el interés común”.
Sin embargo, la posible anulación de los contratos de peaje presenta un gran desafío financiero para el Estado. ¿Cómo enfrentará el Gobierno las costosas indemnizaciones que conllevaría la cancelación de contratos con empresas privadas? Según las mismas fuentes, estas prórrogas fueron implementadas durante el gobierno de José María Aznar, extendiendo los contratos de la AP-9 hasta 2048 y de la AP-66 hasta 2050. Esto implica una responsabilidad que, según ellos, recae sobre los gobiernos del Partido Popular.
Reacciones políticas en Galicia
La decisión de la Comisión Europea ha generado reacciones variadas en Galicia. El BNG ha celebrado el ultimátum, instando al Gobierno a rescatar la concesión, calificándola de “estafa”. Por otro lado, los socialistas gallegos sugieren que la mejor estrategia, mientras se determina el costo del rescate, es la bonificación de los peajes. Esta tensión entre diferentes partidos refleja el profundo desacuerdo sobre cómo gestionar la situación de las concesiones de peajes en la comunidad.
A medida que los acontecimientos se desarrollan, todos los ojos están puestos en cómo el Gobierno español responderá a las exigencias de Bruselas y qué medidas tomará para evitar sanciones. La gestión de los peajes y la transparencia en la concesión de infraestructuras siguen siendo temas candentes en la agenda política española. ¿Estás al tanto de cómo esto podría afectar la economía local?
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