El absentismo laboral ha alcanzado niveles críticos en España. En solo siete meses, se ha consumido el presupuesto prorrogado destinado a toda la anualidad. Este fenómeno, que ha visto un incremento del 20% en los gastos del departamento liderado por la ministra Elma Saiz, plantea serias interrogantes sobre su impacto en la economía nacional.
Desde el inicio de la pandemia, los gastos relacionados con las bajas laborales se han duplicado y, en comparación con hace una década, han cuadruplicado.
Un gasto en constante aumento
La factura correspondiente a la Seguridad Social por bajas laborales sigue en aumento, lo que aviva el debate sobre las implicaciones del absentismo.
El departamento de la ministra Saiz ha abierto una mesa de negociación con representantes de la patronal y los sindicatos para abordar esta cuestión. Sin embargo, hasta ahora, las medidas para aliviar las cargas económicas asociadas a este gasto no han sido el foco de las conversaciones.
Las cifras recientes indican que el acuerdo alcanzado en la materia de Seguridad Social en verano de 2024, que incluía la renovación de convenios entre los servicios de salud y las mutuas, no ha tenido un impacto significativo. Este acuerdo buscaba agilizar el tratamiento de las incapacidades temporales, especialmente en casos de bajas traumatológicas, que representan la mayor proporción de ausencias laborales.
Sin embargo, la implementación de estos convenios avanza más lentamente de lo deseado, con solo tres comunidades autónomas que han renovado su colaboración: Asturias, Islas Baleares y Cataluña.
El absentismo ha vuelto a ocupar un lugar destacado en la agenda económica del país, especialmente tras la reciente decisión del Congreso de rechazar un proyecto de reducción de la jornada laboral.
La negativa de Junts, el partido que ha bloqueado esta iniciativa, se basa en que el recorte de horas no aborda los problemas más urgentes del mercado laboral. Sugieren que el Gobierno debería enfocarse en el absentismo, que ya representa una carga significativa para las cuentas públicas y la competitividad empresarial.
Un presupuesto desactualizado ante una crisis creciente
La última ejecución de la Seguridad Social refleja no solo un esfuerzo financiero creciente, sino también las maniobras necesarias para cubrir las obligaciones derivadas de las bajas laborales. Hasta julio, el Estado ha destinado 10.248 millones de euros a la incapacidad temporal, un 13% más que en el mismo periodo del año anterior. Esto implica que se ha consumido prácticamente la totalidad del presupuesto de 11.764 millones, lo que ha obligado a desviar 2.202 millones más, elevando el total a 13.966 millones hasta el momento.
Este aumento del 19% en la asignación presupuestaria para cubrir incapacidades temporales refleja la tendencia alcista en los últimos años. Comparando con el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia, el gasto se ha duplicado, pasando de 5.107 millones a cifras actuales. Este incremento es aún más notable al observar una trayectoria de diez años, donde se ha elevado un 281% desde los 2.688 millones de 2015.
Consecuencias del absentismo para las empresas
Las cifras son alarmantes, no solo para el erario público, sino también para el sector empresarial. La Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) prevé que el coste del absentismo laboral en España aumente un 10% en 2025, superando los 32.000 millones de euros en costes por contingencias comunes, de los cuales 16.000 millones serán asumidos por las empresas. Este panorama plantea serias preocupaciones sobre la sostenibilidad económica y la competitividad de las empresas en el país.
Es evidente que el absentismo laboral es un desafío multifacético que requiere atención inmediata y soluciones efectivas. La falta de medidas adecuadas no solo afecta a las finanzas públicas, sino que también repercute negativamente en la productividad y competitividad de las empresas, lo que podría prolongar la crisis económica que enfrenta España.
