El gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, enfrenta un nuevo desafío legislativo. No ha logrado avanzar con el proyecto de Ley que propone reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Esta reforma, considerada prioritaria por la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha sido bloqueada por la oposición, evidenciando la fragilidad del Ejecutivo en el actual panorama político.
Un inicio de curso complicado para el gobierno
El nuevo periodo legislativo en el Parlamento español ha comenzado con la misma tónica que terminó antes del verano. A pesar de la insistencia del Ejecutivo en presentar el proyecto de Ley sobre la jornada laboral, la falta de consenso y negociación previa ha llevado a su rechazo.
Las fuerzas políticas de oposición, incluyendo al PP, Vox y Junts, que suman 177 de los 350 escaños, han demostrado su capacidad para obstruir iniciativas del gobierno. Esto resalta la dificultad que enfrenta Sánchez para mantener su agenda legislativa.
Desde La Moncloa, se intenta minimizar la gravedad de esta situación.
Sin embargo, la realidad es que el partido de Carles Puigdemont ha evidenciado la debilidad de los socialistas en el Congreso. A medida que el gobierno busca avanzar con sus propuestas, se vuelve cada vez más evidente que necesita la colaboración de todos sus aliados, cuyas exigencias pueden complicar aún más su gobernabilidad.
Las dificultades en la negociación y la presión de los aliados
Pedro Sánchez se encuentra en una encrucijada, presionado por sus aliados que, aunque continúan apoyándolo, también le imponen restricciones en su capacidad para liderar. La situación se complica cuando se presentan proyectos sin el debido consenso, generando un obstáculo significativo para la aprobación de leyes.
La falta de negociación previa antes de llevar una propuesta al Consejo de Ministros ha demostrado ser una estrategia fallida, condenando al proyecto a un inminente fracaso.
La oposición había anticipado este desenlace, señalando que la reducción de la jornada laboral afectaría de manera desproporcionada a las pequeñas y medianas empresas, que conforman el 90% del tejido empresarial español.
A pesar de las manifestaciones de apoyo y las firmas recogidas a favor de la Ley, el resultado ha sido desfavorable para el gobierno, que ahora debe enfrentar las repercusiones de su incapacidad para negociar efectivamente.
Un futuro incierto con el proyecto de Presupuestos Generales
Con el reciente revés en el Congreso, el gobierno se prepara ahora para un nuevo desafío: la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026. Actualmente, el Ejecutivo opera con las cuentas de 2023, que fueron prorrogadas en dos ocasiones. Ante esta situación, Sánchez ha prometido que presentará el proyecto de Ley y negociará intensamente para su aprobación, aunque también ha manifestado que si no lo logra, continuará con los presupuestos vigentes.
Este enfoque ha generado críticas, ya que se ha percibido como un cambio en la narrativa respecto a la importancia de tener unas cuentas aprobadas. Históricamente, Sánchez había criticado a su predecesor por no lograr la aprobación de presupuestos, pero ahora parece dispuesto a aceptar un escenario similar sin convocar elecciones anticipadas, lo que algunos consideran un argumento antidemocrático.
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, enfrenta un difícil camino por delante, ya que debe satisfacer las demandas de sus aliados, quienes han dejado claro que no apoyarán los presupuestos a menos que se cumplan ciertos compromisos previos. La situación es compleja, con múltiples exigencias de partidos como Junts, ERC y Sumar, lo que plantea un panorama complicado para el gobierno en lo que queda de legislatura.
