La reciente decisión del Gobierno Vasco de asumir la gestión de las prestaciones no contributivas ha encendido un intenso debate en la sociedad. ¿Qué significa realmente este traspaso? El lehendakari Imanol Pradales ha proclamado la apertura de una nueva etapa en la gestión económica de la Seguridad Social, pero no sin controversias.
Este cambio, respaldado por el Estatuto de Gernika de 1979, podría tener consecuencias significativas para la unidad del sistema de protección social en España.
Las implicaciones de la cesión de gestión
El traspaso de la gestión de las prestaciones no contributivas al País Vasco plantea una serie de interrogantes sobre la equidad territorial y la cohesión del sistema de Seguridad Social.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social advierte que esta medida podría dar lugar a desigualdades entre comunidades autónomas, afectando así a la uniformidad que se espera del sistema. Pero, ¿qué pasa con la supervisión de la Tesorería General? Aunque el Gobierno Vasco pueda gestionar las prestaciones, no tendrá control sobre los ingresos que las financian, lo que podría generar tensiones en la administración de recursos.
¿No es esto un gran desafío para la equidad?
Además, la posibilidad de que el Gobierno Vasco implemente mejoras en las prestaciones, como complementos adicionales, introduce una brecha que podría diferenciar aún más a esta comunidad del resto del país.
Este escenario se contradice con los principios constitucionales que buscan garantizar la igualdad de derechos y deberes en relación con la Seguridad Social. La transferencia de competencias sin una adecuada regulación podría llevar a un sistema fragmentado, donde las diferencias en el acceso y la cuantía de las prestaciones se acentúen entre las distintas regiones.
¿Es este el camino hacia una mayor desigualdad?
La visión constitucional y sus desafíos
Según la Constitución Española, las competencias exclusivas del Estado abarcan tanto las normativas como las ejecutivas necesarias para preservar la unidad y la solidaridad financiera del sistema.
Sin embargo, una redistribución de competencias en la que el Estado retenga solo la normativa y ceda las potestades ejecutivas a las comunidades podría comprometer este principio de unidad. La Inspección de Trabajo ha señalado que, si el Estado solo regula el aplazamiento de deudas o la pensión de jubilación, pero deja a las comunidades autónomas la gestión de su tramitación, esto afectará gravemente a la integridad de la caja única. ¿Es este un riesgo que estamos dispuestos a asumir?
Esta situación también afecta a los ingresos y gastos del sistema. Cada decisión relacionada con el pago de cotizaciones o la gestión de prestaciones podría generar nuevas obligaciones económicas que recaerán en el Estado, alterando así el régimen económico unitario de la Seguridad Social. La capacidad de reconocer y pagar prestaciones es fundamental para el funcionamiento del sistema, y cualquier cambio que se realice en este ámbito debe ser cuidadosamente evaluado para evitar repercusiones negativas en la equidad del sistema. ¿Están preparados los responsables para enfrentar estas complejidades?
Las posibles consecuencias para la igualdad territorial
La cesión de la gestión de prestaciones al País Vasco podría, a largo plazo, socavar los cimientos de la igualdad en el acceso a las prestaciones en toda España. Si se permite que cada comunidad autónoma gestione sus propias prestaciones de forma diferenciada, corremos el riesgo de crear un sistema desigual que favorezca a algunas regiones sobre otras. Esto podría resultar en una mayor atracción de recursos hacia las comunidades más prósperas, exacerbando así las disparidades económicas existentes. ¿Estamos dispuestos a aceptar un sistema que privilegie a unos sobre otros?
En última instancia, la decisión de transferir la gestión de las prestaciones plantea un desafío significativo no solo para el Gobierno Vasco, sino para la cohesión del sistema de Seguridad Social en su conjunto. La necesidad de establecer un marco que garantice la igualdad y la justicia en el acceso a las prestaciones es más urgente que nunca. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿se están tomando las decisiones correctas para proteger la unidad y la equidad del sistema?
