El Gobierno español ha decidido impulsar un plan de medidas contra la corrupción a través de una nueva ley orgánica. Esta decisión llega en un contexto de creciente tensión política, donde las acusaciones de corrupción se han convertido en un tema central en la agenda pública.
En la primera sesión de control al Gobierno del nuevo curso político, celebrada en el Congreso, se evidenció un cruce de acusaciones entre el PSOE y el PP, lo que resalta la urgencia y relevancia del tema.
Detalles del plan anticorrupción
Durante la sesión, la portavoz del PP, Ester Muñoz, acusó al Gobierno de estar «corrompido por la corrupción». Estas afirmaciones surgen en un momento donde varias investigaciones están abiertas sobre altos cargos socialistas, incluyendo a exsecretarios de organización y familiares del presidente del Gobierno.
Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, contraatacó, señalando que el PP enfrenta una «corrupción sistémica» que podría llevar a antiguos líderes como Mariano Rajoy ante la justicia.
El plan presentado por el Gobierno incluye la creación de una agencia de vigilancia pública y el uso de Inteligencia Artificial para combatir el fraude.
Además, se propone endurecer las penas para los corruptos y establecer listas negras de empresas involucradas en actos corruptos. Este paquete de medidas fue inicialmente prometido por el presidente Pedro Sánchez en julio, pero había quedado en un segundo plano hasta su reciente reactivación.
Objetivos y mecanismos de la nueva legislación
El anteproyecto de ley orgánica busca obtener una mayoría absoluta en las Cortes para su aprobación. El Ministerio de Hacienda argumenta que es la mejor forma de garantizar el endurecimiento de las sanciones por corrupción.
En el documento sometido a consulta pública, se expone que las alternativas a la ley orgánica no podrían ser coercitivas ni prever nuevas sanciones.
El Gobierno considera fundamental contar con una norma con rango de ley para establecer una agencia independiente de lucha contra la corrupción. Esta agencia tendrá competencias ejecutivas para supervisar y coordinar acciones en este ámbito. Además, se prevé la implementación de mapas de riesgos de integridad y la digitalización de la contratación pública, utilizando tecnologías avanzadas como Big Data.
Protección de denunciantes y fortalecimiento de investigaciones
El plan también contempla la ampliación de la protección legal para los denunciantes, asegurando que puedan acudir a la fiscalía y a los órganos judiciales sin temor a represalias. Se establecerán mecanismos sancionadores para las entidades que incumplan sus obligaciones en este sentido. Además, se introducirán reformas para mejorar la investigación de casos de corrupción, como la creación de secciones especializadas en tribunales y el fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción.
Finalmente, el plan incluye medidas para la recuperación de activos y la promoción de una cultura de integridad. Se reforzará la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y se introducirá la figura del decomiso preventivo, permitiendo la incautación de bienes vinculados a actividades delictivas antes de que se emita una sentencia condenatoria.
Este ambicioso proyecto legislativo será revisado por el Consejo de Ministros tras recibir las aportaciones de los interesados, y se espera que tenga un impacto significativo en la lucha contra la corrupción en España.
