¿Te has dado cuenta de que el uso del efectivo en Europa está disminuyendo de manera alarmante? Recientemente, un apagón dejó a miles de ciudadanos en España y Portugal sin poder realizar pagos, lo que evidencia la creciente dependencia de los sistemas de pago digitales.
Aunque estos son muy convenientes, también son vulnerables a interrupciones. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué pasará con el acceso al dinero en efectivo, especialmente en áreas rurales y entre las poblaciones más vulnerables?
La crisis del efectivo: un evento reciente
El 28 de abril, un apagón eléctrico afectó a España y Portugal, dejando a miles de personas incapaces de comprar lo que necesitaban. Este incidente resalta la importancia del efectivo en situaciones de emergencia. A pesar del auge de la digitalización, muchos se dieron cuenta de lo esencial que es tener acceso al dinero en efectivo. La dependencia de las redes digitales se ha convertido en una vulnerabilidad que puede impactar a la población en momentos críticos.
El Banco Central Europeo (BCE) ha incrementado la emisión de euros en efectivo, a pesar de que su uso ha caído drásticamente, pasando del 79% al 52% en la última década. Mientras que el ahorro y la acumulación representan el 50% de las emisiones, solo un 22% se destina a pagos. Aquí vemos una desconexión clara entre las políticas del BCE y las necesidades de los ciudadanos, quienes enfrentan cada vez más dificultades para acceder a su propio dinero en efectivo.
Desafíos de acceso al efectivo en Europa
La situación en Europa es realmente alarmante. En países como Suecia y Finlandia, el efectivo está prácticamente en vías de extinción, mientras que en España las restricciones han aumentado, estableciendo un límite de 1.000 euros para pagos en efectivo. Esto ha desincentivado el uso del dinero físico, creando un entorno donde el acceso se ve limitado. Curiosamente, dos tercios de los ciudadanos de la eurozona expresan su preferencia por el efectivo, pero las políticas fiscales actuales lo están restringiendo.
Alemania, que solía ser un bastión del uso del efectivo, ha visto caer este porcentaje del 82% en 2011 al 51% en 2023. La percepción del acceso al efectivo se ha vuelto más complicada, sobre todo en áreas rurales donde un 43.5% de las localidades carecen de cajeros automáticos. Las restricciones impuestas por los bancos han generado un clima de incertidumbre que afecta especialmente a los ciudadanos de menores ingresos.
Implicaciones sociales y económicas
El acceso limitado al efectivo no solo complica las compras diarias, sino que también tiene importantes repercusiones económicas. Un estudio de la Universidad de Goethe indica que las personas con bajos ingresos dedican alrededor del 30% de su renta mensual a cubrir deudas de tarjetas de crédito. Esto sugiere que la eliminación del efectivo perjudica a las clases menos favorecidas, obligándolas a recurrir a métodos de pago que pueden no ser accesibles o asequibles.
Y las cosas se complican aún más con los intentos de las administraciones tributarias de limitar el uso del efectivo, bajo la premisa de combatir el fraude fiscal. Este enfoque ha generado un ciclo donde el efectivo, que debería ser un derecho, se convierte en un privilegio restringido. La falta de acceso afecta desproporcionadamente a las comunidades rurales, que ya enfrentan desafíos de conectividad y recursos.
Ante esta situación, organizaciones como Denaria abogan por un sistema nacional que garantice la disponibilidad del efectivo como infraestructura crítica. La creciente preocupación por la eliminación del efectivo y la falta de acceso es un tema que urge abordar, no solo por sus implicaciones económicas, sino también por los derechos fundamentales de los ciudadanos a elegir cómo realizar sus transacciones.