En la última sesión del Consejo de Ministros se aprobó un real decreto que libera 180 millones de euros destinados a los territorios que han declarado zona tensionada en el mercado de alquiler. La medida, anunciada por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, busca ampliar la oferta de vivienda asequible y mitigar el peso que supone el pago del alquiler para millones de familias.
Con la nueva financiación, 317 municipios de cinco comunidades autónomas, que concentran a más de 9 millones de residentes, podrán acceder a recursos para proyectos de rehabilitación, construcción y adquisición de inmuebles destinados al alquiler social. La iniciativa se enmarca dentro del Plan Estatal de Vivienda que ya había previsto ayudas complementarias para estas áreas consideradas críticas.
Distribución del presupuesto entre las comunidades autónomas
El reparto de los 180 millones se realizó siguiendo dos criterios principales: la población que vive en la zona declarada tensionada y el esfuerzo económico que las familias destinan al alquiler. Así, Cataluña se lleva la mayor parte del capital, con 119,4 millones de euros para sus 271 municipios. Le siguen el País Vasco (31 millones para 18 municipios) y Navarra (13,3 millones para 21 municipios). Galicia recibe 10,2 millones destinados a A Coruña y Santiago de Compostela, mientras que Asturias cuenta con 5,9 millones para cinco localidades.
Cataluña
Con casi dos tercios del total, la comunidad catalana podrá financiar la creación y rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler social, la compra de suelo con potencial edificatorio y la adquisición de inmuebles ya construidos para incorporarlos al parque público de alquiler asequible.
País Vasco y Navarra
Ambas comunidades dispondrán de recursos para fomentar soluciones habitacionales alternativas, adquirir terrenos y asegurar la urbanización necesaria para la construcción de nuevas viviendas, así como para cubrir posibles impagos de contratos de arrendamiento.
Galicia y Asturias
Los fondos asignados a estas regiones se centrarán en la rehabilitación de edificaciones existentes, la compra de suelo y la ayuda a propietarios que reduzcan las rentas, con el fin de reforzar la oferta de alquiler a precios razonables.
Ámbitos de actuación de las subvenciones
Las administraciones autonómicas podrán invertir los recursos en cinco áreas concretas, todas orientadas a fortalecer el mercado de alquiler asequible
- Promoción y rehabilitación de viviendas para destinarlas al alquiler social, sin importar la calificación urbanística del suelo.
- Adquisición de terreno con edificabilidad residencial, permitiendo a los entes públicos comprar y urbanizar zonas estratégicas.
- Desarrollo y urbanización de parcelas destinadas a uso residencial, facilitando la ejecución de nuevas promociones.
- Compra de viviendas existentes para integrarlas al parque público de alquiler asequible, acelerando la disponibilidad de unidades habitacionales.
- Cobertura de impagos de contratos de arrendamiento, reforzando la garantía del mercado y protegiendo a propietarios y arrendatarios.
Además, el Plan Estatal de Vivienda permite que las administraciones financien hasta el 80 % del coste de adquisición de inmuebles ya construidos, siempre que se destinen al alquiler a precios moderados. En ciertos casos, se pueden conceder ayudas de hasta 102 000 euros por vivienda nueva para acelerar la puesta en marcha de proyectos de alquiler social.
Instrumentos complementarios y limitaciones al alquiler
La declaración de zona tensionada no es un reconocimiento de que la situación sea favorable, sino la constatación de un problema grave que exige medidas extraordinarias. Entre los mecanismos habilitados por la Ley de Vivienda se encuentran la limitación de incrementos de renta al término de los contratos y bonificaciones fiscales para propietarios que reduzcan el alquiler en más del 5 %. Estas bonificaciones pueden llegar a deducirse al 100 % en la declaración de la renta, incentivando la reducción de precios.
En síntesis, la asignación de 180 millones de euros constituye una respuesta económica directa a la presión que sufren los arrendatarios en las áreas declaradas zona tensionada, acompañando las restricciones de precios con recursos para ampliar la oferta y mejorar la calidad del parque de viviendas alquiladas.
