La reciente detención de Álvaro Romillo Castillo, un empresario de criptomonedas conocido como Cryptospain, ha alterado el panorama financiero en España. El juez José Luis Calama, al frente del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, ha decidido enviar a Romillo a prisión provisional sin posibilidad de fianza, dada la gravedad de los cargos en su contra.
Se le imputa haber orquestado una estafa monumental que supera los 260 millones de euros, lo que ha llevado a las autoridades a considerar un alto riesgo de fuga.
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Las acusaciones contra Romillo
Romillo fue detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que había estado investigando sus actividades durante un tiempo considerable.
Las acusaciones incluyen delitos de estafa, organización criminal y blanqueo de capitales. Su empresa, el Madeira Invest Club (MIC), ha sido calificada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como un auténtico chiringuito financiero, prometiendo a los inversores rendimientos anuales de al menos el 20% a cambio de sus inversiones en activos como obras de arte virtuales, vehículos de lujo y metales preciosos.
El entramado financiero de Cryptospain
Los investigadores sostienen que Romillo utilizó su popularidad en redes sociales para atraer a un gran número de inversores, mientras que lentamente iba descapitalizando la plataforma de inversión. La UCO ha descubierto movimientos de dinero en el extranjero que alcanzan los 29 millones de euros, lo que refuerza la teoría de que el empresario planeaba huir con los fondos de sus inversores.
Asimismo, se han encontrado indicios de que, en meses recientes, Romillo ha transferido la propiedad de varias empresas a personas cercanas, lo que podría indicar un intento de ocultar activos y eludir responsabilidades legales.
La declaración de Romillo ante el juez
En su declaración, Romillo intentó justificar su situación, afirmando que su intención siempre fue devolver el dinero a los inversores y que había logrado reembolsar a algunos de ellos en efectivo. Sin embargo, tanto el juez como la fiscal han mostrado escepticismo respecto a sus afirmaciones, especialmente cuando Romillo explicó que el lujoso chalé de 800 metros cuadrados donde reside, con un alquiler de 20,000 euros mensuales, era un préstamo de su familia.
Las contradicciones en su testimonio generan dudas sobre su credibilidad.
Investigaciones en múltiples jurisdicciones
Las investigaciones han revelado un complejo entramado que abarca varias jurisdicciones, incluyendo España, Portugal y otros países. Los datos apuntan a que Romillo no solo captaba fondos en España, sino que también operaba a nivel internacional para eludir impuestos. La magnitud del caso ha llevado a la Audiencia Nacional a considerar ampliar el plazo de investigación hasta 2026, dada la complejidad de las diligencias necesarias para esclarecer todos los aspectos involucrados.
Consecuencias legales y el futuro del caso
Romillo no solo enfrenta cargos en la Audiencia Nacional por su participación en el MIC, sino que también se le investiga por financiación ilegal del partido de Alvise Pérez, conocido como ‘Luis Alvise’. En este contexto, se ha confirmado que Romillo aportó 100,000 euros para la campaña electoral de Pérez, quien admite la recepción pero niega haber utilizado esos fondos en el proceso electoral. La situación se complica aún más, ya que la Policía Nacional ha indicado que la naturaleza de los fondos sugiere que se trataba de una estrategia para asegurar financiación opaca.
El caso de Álvaro Romillo pone de manifiesto no solo los riesgos asociados a las inversiones en criptomonedas, sino también la necesidad de una regulación más estricta en el ámbito financiero. La situación continúa desarrollándose, y las próximas semanas serán cruciales para determinar el destino del empresario y el impacto de sus acciones en miles de inversores. Sin duda, el desenlace de esta historia tendrá repercusiones significativas en el sector de las criptomonedas.
