La última orden de cotizaciones publicada en el BOE el 31 de marzo recoge un cambio relevante en las reglas que regulan las aportaciones de ciertos trabajadores por cuenta propia. Con carácter inmediato y retroactivo desde el 1 de enero de 2026, la norma eleva la base mínima para los autónomos societarios, los familiares colaboradores y quienes no declaran rendimientos, pasando de 1.000 euros a 1.424 euros.
En términos prácticos esto supone, para muchos, un encarecimiento de la cuota mensual cercano a 135 euros y un aumento anual aproximado de 1.620 euros.
El reajuste forma parte del despliegue del nuevo sistema pactado en 2026 para vincular las cotizaciones al nivel real de rendimientos, con un objetivo de alineación gradual que debe culminar a lo largo del periodo previsto por la reforma.
Sin embargo, la aplicación inmediata de la nueva tabla para un colectivo de cerca de un millón de personas ha abierto un debate sobre progresividad, efectos retroactivos y falta de negociación previa con las organizaciones representativas.
Qué cambia y cómo se distribuyen los tramos
La norma fija un primer tramo de rendimientos entre 0 y 2.760 euros en el que la base mínima queda establecida en 1.424 euros y la máxima en 2.760 euros. Para esos niveles las cuotas oscilan, según la orden, entre 448 euros y 869 euros mensuales. Autónomos societarios y familiares colaboradores con ingresos en torno a 1.000 euros son los más perjudicados porque, al compararse con la base anterior, ven subir su coste fijo.
La orden incluye además los siguientes tramos y correspondencias entre rendimientos, bases de cotización y cuotas: para ingresos entre 2.760 y 3.190 euros la base se sitúa entre 1.437,91 y 3.190 euros (cuotas entre 452,94 y 1.004,85 euros); entre 3.190 y 3.620 euros la base es de 1.519,61 a 3.620 euros (cuotas entre 478,68 y 1.140,3 euros); entre 3.620 y 4.050 euros la base va de 1.601,31 a 4.050 euros (cuotas entre 504,41 y 1.275,75 euros); para el tramo de 4.050 a 6.000 euros la base está entre 1.732 y 5.101,2 euros (cuotas entre 545,59 y 1.606,88 euros) y, finalmente, para rendimientos superiores a 6.000 euros la base mínima es de 1.928,1 euros y la máxima de 5.101,2 euros (cuotas entre 607,35 y 1.606,88 euros).
Argumentos oficiales y críticas del sector
El Ministerio de Seguridad Social defiende que la subida procede de la reforma del sistema de cotización aprobada en 2026 y que establece que las bases de los autónomos societarios, familiares colaboradores y quienes no declaran rendimientos no podrán ser inferiores a la base mínima del Régimen General a partir de 2026. La ministra portavoz ha recordado que la ley se aprobó con amplia mayoría y que la ejecución de la orden se ampara en ese marco legislativo.
Frente a ello, la federación ATA, representada por su presidente Lorenzo Amor, ha denunciado que se ha roto la progresividad prevista y que el Ejecutivo incumplió un compromiso de congelación de tablas que, según la organización, había trasladado meses atrás. ATA apunta que la subida afecta especialmente a colectivos vulnerables y reclamó medidas urgentes ante los grupos parlamentarios para revertir o moderar el ajuste.
Efecto retroactivo y proceso de regularización
Uno de los aspectos que preocupa a las organizaciones es el carácter retroactivo de la orden: aunque la publicación tuvo lugar el 31 de marzo, la actualización se aplica desde el 1 de enero de 2026, con la consecuencia de que las diferencias correspondientes a los primeros meses podrían regularizarse en el ajuste anual. Esto implica que muchos autónomos podrían afrontar pagos complementarios cuando se cierre el proceso de regularización, que es precisamente otro de los puntos de controversia por la falta de detalles operativos.
Impacto en colectivos vulnerables
Según los cálculos manejados por las organizaciones, del millón de trabajadores afectados unos 400.000 son familiares colaboradores y más de 800.000 son autónomos societarios, y más de 500.000 declaraban rendimientos en torno a 1.000 euros o menos. ATA subraya que muchas de las colaboradoras familiares son mujeres en zonas rurales y perfiles con menor capacidad de absorción de costes, por lo que la subida del 42% en la base mínima agrava situaciones de vulnerabilidad y puede llegar a generar casos en los que un colaborador cotice más que el titular del negocio.
Qué opciones tienen los afectados
Los profesionales que resulten impactados pueden, en primer lugar, revisar con su gestor o asesor la situación personal y las previsiones de regularización anual. También resulta relevante seguir el diálogo entre asociaciones y Administraciones para conocer eventuales moratorias, correcciones o iniciativas parlamentarias que ATA ya ha impulsado. En cualquier caso, la combinación de la aplicación retroactiva, la estructura de tramos y las críticas del sector sitúa a esta medida en el centro de la agenda pública y obliga a los autónomos a estar atentos a la evolución normativa y a la calendarización de la regularización de las cuotas.