La distribución del esfuerzo público para mitigar el encarecimiento de la energía ha mostrado una clara asimetría: hogares de renta alta concentran una parte significativa del coste de las rebajas fiscales, mientras que las familias con menores ingresos reciben una fracción mucho menor.
Así lo refleja el Informe sobre los Presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas 2026 de la Airef, el primero bajo la presidencia de Ins Olndriz, que analiza el alcance y la focalización del paquete aprobado por el Ejecutivo.
El Gobierno presentó un Plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Próximo aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de marzo mediante un Real Decreto-ley, ratificado después por la mayoría en el Parlamento.
Aunque ministros de países como España, Reino Unido o Japón abogaron por respuestas fiscales responsables y dirigidas a los más vulnerables, la evaluación de la Airef muestra una realidad distinta: las ayudas generales, sin modulaciones, tienden a beneficiar más a quienes consumen más energía.
¿Qué contiene el paquete y cuánto cuesta?
La intervención se articula mediante dos vías: rebajas de impuestos sobre electricidad, gas y carburantes que, según la Airef, suponen un coste para las arcas públicas de 2.729 millones de euros, y un incremento del gasto público por 2.927 millones en transferencias directas a sectores económicos afectados por el incremento de costes energéticos. Estos dos bloques intentan aliviar la presión sobre familias y empresas, pero la forma universal de las medidas provoca una distribución desigual del gasto.
Cómo se reparten las ventajas entre decilas
El análisis de focalización de la Airef utiliza la decila para comparar segmentos de renta: la décima parte con mayores ingresos concentra el 13,8% del coste público total del paquete, frente al 5,8% que llega a la décima de menores ingresos. Esa diferencia se acentúa en algunas de las rebajas fiscales, porque el consumo absoluto de energía crece con el nivel de renta y las medidas sin ajuste por ingresos acaban siendo regresivas en términos de distribución.
Detalles por tipo de energía
En el capítulo de carburantes, las reducciones de IVA e Impuestos Especiales implican un coste aproximado de 1.412 millones de euros y favorecen sobre todo a las rentas altas, que absorben el 14,1% del esfuerzo público, mientras que las familias más humildes reciben solo el 5,4%. Para la electricidad, la suma de IVA, impuestos especiales y la suspensión del impuesto de generación tiene un impacto estatal de 1.163 millones; las rentas altas captan el 12,9% y las bajas el 6,6%, una diferencia menor por el carácter de bien de primera necesidad. En el caso del gas, pese a que la cuantía es menor (153 millones), la concentración es más marcada: el 16,1% va a la cúpula de ingresos frente al 5,5% para el tramo más modesto, explicado por la mayor presencia del gas natural canalizado en viviendas de rentas elevadas.
Impacto relativo y propuestas de la Airef
Si bien en términos absolutos los beneficios favorecen a los ricos, en términos relativos las ayudas pesan más para los hogares de menores ingresos: representan hasta el 1,2% de su renta anual, frente al 0,4% en los hogares acomodados. Aun así, la Airef advierte que una focalización más precisa maximizaría el impacto social del esfuerzo fiscal y reduciría la regresividad inherente al uso de impuestos indirectos. Entre las recomendaciones figura priorizar transferencias directas dirigidas a los colectivos vulnerables y condicionar las rebajas fiscales al nivel de ingresos por hogar.
Riesgos macroeconómicos y conclusiones
Además de la distribución desigual, la autoridad fiscal subraya un efecto perverso: las rebajas fiscales ayudan a mantener el consumo de energías más caras y, en última instancia, pueden contribuir a presionar al alza la inflación. Por ello, la recomendación es clara: diseñar medidas que combinen eficiencia presupuestaria y focalización social para proteger a los más necesitados sin amplificar efectos inflacionarios ni desperdiciar recursos públicos.
En resumen, el informe de la Airef evidencia que el paquete aprobado tras la crisis de Oriente Próximo ofrece un alivio generalizado cuyo coste recae de forma desproporcionada en el erario y beneficia relativamente más a las rentas altas. La solución que propone la autoridad pasa por sustituir parte de las reducciones generalizadas por transferencias condicionadas o por modular las rebajas según el nivel de renta, de manera que el mismo esfuerzo fiscal logre un mayor efecto social y económicamente más eficiente.