Las asociaciones de funcionarios han alzado la voz en contra de la reciente propuesta del Gobierno para reformar las oposiciones dirigidas a altos cargos de la Administración Pública. Este plan, que incluye la creación de másteres obligatorios de dos años, ha sido tachado de inadmisible por los altos funcionarios, quienes argumentan que esta reforma pone en riesgo la calidad y la preparación de los servicios públicos.
¿Qué está en juego aquí?
Las advertencias de los funcionarios
Desde que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, anunció esta reforma, las críticas no han tardado en llegar. En un comunicado conjunto, diversas asociaciones de funcionarios de alto rango, como la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado y la Asociación de Fiscales, han expresado que este nuevo modelo de selección podría abrir la puerta a decisiones subjetivas, alejándose del sistema actual que garantiza un proceso abierto y anónimo.
¿Es esto lo que realmente queremos para nuestra administración?
Los funcionarios afectados, especialmente de los grupos A1 y A2, enfatizan que la propuesta del Gobierno representa una interferencia política inaceptable. Según ellos, la reforma no solo disminuye los estándares de exigencia, sino que también pone en peligro la imparcialidad del proceso de selección, estableciendo un modelo que podría favorecer la influencia del Estado en la elección de candidatos.
¿Se está priorizando la calidad o la política?
Reacciones y agrupaciones en contra
Veinticuatro horas después de que se hiciera pública la propuesta, casi diez asociaciones de funcionarios se unieron para formar un frente común. Estas organizaciones han manifestado su preocupación sobre la reforma, que pretende reemplazar los actuales procesos de selección, exigentes e imparciales, por otros que podrían comprometer la preparación de los funcionarios.
En su comunicado, han declarado que este enfoque es incompatible con los principios democráticos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar?
Además, han criticado al Gobierno por denominar su proyecto como un ‘Consenso por una Administración Abierta’, argumentando que no se ha considerado la opinión de los cuerpos funcionariales que se verán afectados por el nuevo sistema.
Según ellos, siempre ha existido un consenso en mantener el actual nivel de exigencia y transparencia en la selección del personal público. ¿No debería ser la voz de los que están en el terreno la que más peso tenga?
Implicaciones de la reforma y su impacto en los opositores
Las asociaciones también han rechazado la justificación del Gobierno sobre la necesidad de aumentar la competitividad y la retención de talento. Aseguran que muchos cuerpos no presentan problemas de aspirantes y que esta reforma podría perjudicar a aquellos opositores que ya se están preparando con esfuerzo personal y económico para las oposiciones actuales. Este nuevo sistema podría truncar sus aspiraciones, generando un clima de descontento en la administración pública. ¿Es justo que quienes se esfuerzan se vean perjudicados?
Finalmente, los funcionarios han advertido que la reforma podría reducir la calidad del servicio público, ya que la preparación de los nuevos funcionarios no podría garantizarse bajo este nuevo sistema. Esto, según ellos, afectará directamente a los ciudadanos, quienes dependen de la eficiencia y la profesionalidad de la Administración Pública. ¿Estamos dispuestos a sacrificar la calidad por una reforma mal planteada?
En resumen, las asociaciones de funcionarios han manifestado su rotundo rechazo a la propuesta del Gobierno, expresando su profunda preocupación por la imposición de un nuevo sistema de selección que, bajo la premisa de modernizar y democratizar el acceso a la función pública, podría desvirtuar los principios de meritocracia y transparencia que han caracterizado el proceso de selección hasta la fecha. ¿Qué futuro queremos para nuestra administración?
