La Audiencia Nacional ha puesto en tela de juicio la constitucionalidad del impuesto a las pérdidas empresariales. ¿Te suena? Esta medida se introdujo en 2016 bajo el mandato del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En esencia, prohíbe a las empresas deducir fiscalmente las pérdidas que sufran al vender filiales.
Ahora, un nuevo análisis judicial podría tener un impacto significativo en el sistema fiscal español.
Contexto de la medida
En 2016, el Gobierno español aprobó un Real Decreto-ley que prohibía a las empresas compensar fiscalmente las pérdidas derivadas de la venta de sus filiales.
Esta decisión formaba parte de un paquete de medidas fiscales diseñadas para aumentar la recaudación tributaria del Estado. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ya había anulado algunas disposiciones de este decreto, lo que ha generado un mayor escrutinio sobre su legalidad.
Ahora, la Audiencia Nacional ha decidido elevar esta cuestión al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Argumentan que esta medida podría vulnerar principios fundamentales establecidos en la Constitución Española, especialmente en lo que respecta a los límites materiales para modificar elementos esenciales del Impuesto sobre Sociedades.
La premisa aquí es clara: el Gobierno no puede hacer modificaciones sustanciales en un impuesto a través de un decreto-ley, que debe ser reservado para situaciones de urgencia.
Reacciones y posibles implicaciones
Las reacciones no se han hecho esperar.
Jordi de Juan, abogado de la firma Crowe, ha calificado este fallo como una buena noticia para muchas empresas que enfrentan la imposibilidad de deducir pérdidas fiscales. “Es un alivio que se confirme lo que muchos de nuestros clientes ya sospechaban”, afirmó de Juan.
Además, mostró optimismo respecto a la posibilidad de que el Tribunal Constitucional anule esta medida, tal como ya hizo con otras disposiciones del mismo paquete anteriormente.
A pesar de este optimismo, Crowe no solo busca que se declare la inconstitucionalidad por defecto de forma; también desean que el Tribunal analice el fondo del asunto. Esto es crucial porque, a partir de 2021, la misma medida se incluyó en una ley ordinaria, lo que podría complicar aún más el debate legal y la interpretación de sus implicaciones fiscales. ¿Estamos ante una encrucijada legal?
Perspectivas futuras y plazos
A medida que el Tribunal Constitucional evalúa este caso, se espera que se establezcan precedentes que podrían impactar a una amplia gama de empresas en España que enfrentan dificultades fiscales similares. Las empresas que ya han presentado recursos podrían beneficiarse si el Tribunal falla a su favor. Sin embargo, aquellas que aún no han tomado medidas tienen una ventana limitada para actuar, especialmente en relación con la liquidación del ejercicio 2020, que se cierra el 25 de julio de 2021.
En conclusión, el futuro del impuesto a las pérdidas empresariales queda en manos del Tribunal Constitucional. La situación se desarrolla en un contexto de creciente tensión entre las medidas fiscales del Gobierno y los derechos de las empresas. La atención ahora se centra en cómo el Tribunal responderá a este desafío y si se abrirá un nuevo capítulo en el debate sobre la fiscalidad empresarial en España. ¿Qué pasará a continuación?
