Madrid, 27 de marzo de 2026. En una intervención en la mesa redonda organizada por FUNCAS, el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, planteó objeciones claras frente a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica. Según Corgos, el borrador desliza un cambio de prioridades: sustituir criterios vinculados a la solidaridad por la ordinalidad, lo que transformaría la lógica distributiva del Estado autonómico.
Para el conselleiro, resulta esencial distinguir entre cuánto se reparta y bajo qué criterios se haga, porque las reglas de reparto determinan la igualdad efectiva de acceso a los servicios públicos.
Por qué Galicia considera dañina la prioridad de la ordinalidad
El debate gira en torno a la ordinalidad como criterio central: un reparto que premia lo aportado al fondo común en lugar de las necesidades reales de gasto. Corgos argumentó que ese enfoque deja en desventaja a territorios con menor capacidad tributaria, limitando su margen para financiar sanidad, educación y políticas de dependencia.
Además, recalcó que la propuesta, aun acompañada por una inyección anunciada de más de 20.000 millones de euros en 2027, no compensa el efecto redistributivo negativo que produce un cambio de criterios: no es tanto la cantidad añadida como la regla que define su reparto.
Impactos concretos sobre Galicia y factores territoriales
En términos técnicos, el conselleiro puso ejemplos numéricos que explican el perjuicio para Galicia: la ponderación de la dispersión bajaría de 0,6% a 0,5% y la del envejecimiento pasaría de 8,5% a 7%. Estos dos elementos son determinantes para calcular el coste real de la prestación de servicios en un territorio con retos demográficos y de densidad poblacional como el gallego. Para Corgos, reducir el peso de esos factores supone dejar de reflejar en el diseño del sistema el verdadero coste territorial de la prestación de servicios, con el consiguiente riesgo de desigualdad entre ciudadanos dependiendo de su lugar de residencia.
La alternativa: perfeccionar el modelo vigente
Lejos de apoyar una reforma radical, la postura defendida por la Xunta apuesta por mejorar la arquitectura actual corrigiendo deficiencias detectadas. El objetivo, explicó el conselleiro, debe ser garantizar la cobertura adecuada de las necesidades de gasto vinculadas a las competencias autonómicas. En ese sentido, la determinación rigurosa de las necesidades de gasto ha de ser el eje central del rediseño, y no un secundario frente a indicadores de recaudación. La prioridad debe ser la suficiencia para prestar servicios públicos en condiciones de igualdad.
Propuesta de fondos y criterios de reparto
La alternativa planteada por Galicia propone un esquema con tres fondos principales. El primero sería análogo al actual Fondo de Garantías, pero con una nivelación del 100% y reparto exclusivo según población ajustada. El segundo, similar al Fondo de Suficiencia, estaría dedicado solo a financiar competencias no homogéneas entre comunidades. El tercero, un Fondo statu quo, protegería temporalmente a las comunidades perjudicadas por la transición, con un período de aplicación estimado entre 5 y 10 años. Este diseño pretende preservar la solidaridad interterritorial y la suficiencia financiera mientras se incorpora una transición ordenada.
Principios a proteger en cualquier reforma
Corgos insistió en que cualquier reforma que pivote sobre la capacidad tributaria de los territorios erosionaría principios constitucionales y administrativos clave: solidaridad, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y la garantía del acceso a servicios en condiciones de igualdad. Para el conselleiro, mantener esos principios exige un modelo que prima la nivelación total y criterios de reparto que reflejen necesidades reales, no meramente aportaciones fiscales, con mecanismos transitorios que eviten saltos bruscos en la financiación de los servicios esenciales.