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El impacto de la prórroga de los presupuestos en la inversión pública

La reciente prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2025 ha levantado serias preocupaciones entre los economistas y analistas financieros. Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), esta situación no solo implica una falta de flexibilidad en la gestión de recursos, sino que también podría dar lugar a un despilfarro de fondos públicos en proyectos que ya no son viables.

La ausencia de nuevos presupuestos plantea interrogantes sobre cómo se gestionarán las futuras inversiones en infraestructuras y otras áreas críticas.

La rigidez del gasto público y sus consecuencias

La prórroga, lejos de ser una medida de contención, se traduce en un aumento del gasto público que podría alcanzar los 34.000 millones de euros.

Este incremento se debe fundamentalmente a la revalorización de pensiones y prestaciones sociales, así como al aumento de la remuneración de los funcionarios. Sin embargo, el informe del IEE señala que solo una pequeña fracción de este gasto adicional se destinará a la inversión pública, lo que genera preocupación sobre la capacidad del Gobierno para abordar nuevos desafíos económicos y sociales.

Impacto en la inversión pública

La falta de nuevos presupuestos afecta directamente a la planificación y ejecución de proyectos estratégicos, como el Corredor del Mediterráneo y el mantenimiento de las infraestructuras de transporte. Con una brecha de inversión estimada en 15.000 millones de euros, se hace evidente que las administraciones públicas deben aumentar su inversión para poder converger con los estándares de la Unión Europea.

Este desajuste no solo limita el crecimiento económico a corto plazo, sino que también podría tener repercusiones a largo plazo en la competitividad del país.

Desafíos económicos y fiscales

Además de la falta de inversión, el informe destaca que el gasto público está presentando un crecimiento significativo frente al del año 2023.

Esta situación, aunque parece dar un tono expansivo a la política fiscal, en realidad consolida una brecha negativa entre el crecimiento del gasto de capital y el de funcionamiento. Esto podría lastrar el crecimiento económico en el medio plazo, ya que se priorizan gastos que no generan retorno a la inversión.

Perspectivas a futuro

A pesar de que se prevé un aumento significativo en los ingresos, gracias a la inflación y a la recaudación de impuestos, el IEE enfatiza la necesidad de adoptar medidas que aseguren una mejora estructural del saldo presupuestario. Esto es crucial para cumplir con las reglas fiscales en el futuro y para crear un colchón que permita afrontar la pérdida de los fondos europeos Next Generation después de 2026. La continua prórroga de presupuestos no solo es vista como una falta de credibilidad, sino también como un obstáculo para la correcta gestión de los recursos públicos.

La crítica a la gestión presupuestaria

Figuras clave como el director general del IEE han señalado que la prórroga continua de los presupuestos puede ser considerada una anomalía democrática, ya que priva al Parlamento de su función esencial de decidir sobre los ingresos y gastos públicos. La falta de un proyecto de ley presupuestaria para 2025, y la posibilidad de que las primeras cuentas del actual Ejecutivo sean para 2026, suscitan preocupaciones sobre la responsabilidad del Gobierno en este ámbito. Esto plantea interrogantes sobre la capacidad del mismo para cumplir con sus compromisos, especialmente en relación con la defensa y otros gastos prioritarios.

Un llamado a la acción

El IEE sugiere que no debería descartarse la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional para establecer un marco jurídico que regule la prórroga de presupuestos. Este tipo de medida podría ayudar a prevenir situaciones similares en el futuro y garantizar que los futuros gobiernos se adhieran a una gestión más responsable y efectiva de los recursos públicos. Sin embargo, en un contexto donde otros países enfrentan serias consecuencias por la falta de cuentas públicas, la situación en España requiere de una reflexión profunda y de un cambio en la forma de gestionar los presupuestos.

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