La financiación de organizaciones yihadistas se ha vuelto más compleja gracias a la adopción de herramientas cotidianas y tecnológicas. El investigador Diego González López, del departamento de Derecho Penal de la Universitat de València, integrante del EU Knowledge Hub y adscrito al Instituto de Criminología y Ciencias Penales (ICCP), sintetiza en un artículo publicado en E-Eguzkilore (2026) cómo estos grupos diversifican sus ingresos.
El estudio recuerda que, según el GAFI, los flujos económicos hacia el terrorismo suman importes millonarios, lo que obliga a repensar las estrategias de control sin perder de vista las libertades civiles.
La investigación, dirigida por el catedrático José Luis González Cussac y enmarcada en un proyecto mayor liderado por el profesor José León Alapont (proyecto PID2022-138796NAI00), subraya la necesidad de distinguir entre delitos de financiación del terrorismo y blanqueo de capitales.
Esta separación jurídica es esencial porque los fines y la lógica de ambos ilícitos difieren; por tanto, requieren respuestas sancionadoras y preventivas distintas, así como instrumentos de investigación adaptados.
Canales y herramientas usados por las organizaciones
La variedad de vías empleadas muestra una mezcla de procedimientos convencionales y mecanismos menos regulados.
El estudio identifica patrones que van desde la estructuración de pagos en el sistema bancario hasta el uso de plataformas digitales y servicios sin cuenta. La elección de cada canal responde a criterios de rapidez, coste, accesibilidad y reducción del riesgo de trazabilidad, factores que explican por qué las organizaciones combinan métodos en función del contexto operativo.
Vías formales e informales
Entre las rutas clásicas aparecen las transferencias bancarias y la práctica de fraccionar pagos en pequeñas cantidades para evitar los umbrales de alerta. Además, las llamadas remesadoras—servicios como Western Union, MoneyGram o PayPal—permiten envíos internacionales sin necesidad de una cuenta bancaria y han sido identificadas como instrumentos recurrentes. En paralelo, persisten sistemas basados en la confianza como el Hawala y la figura de los correos humanos, métodos informales en los que el flujo depende de intermediarios y redes personales y que representan un importante desafío para la trazabilidad y la regulación.
Activos digitales y micromecenazgo
La incorporación de criptomonedas y plataformas colectivas ha ampliado las posibilidades operativas. Las monedas digitales son atractivas por su rapidez, menores costes y relativa descentralización; no obstante, el artículo recuerda que ninguna es totalmente anónima. Algunas, como Monero o Dash, presentan mayores dificultades de rastreo y han sido empleadas como canales de pago. Asimismo, los NFT (acreditaciones de singularidad en blockchain) y los mercados digitales —por ejemplo OpenSea, Rarible o SuperRare— ofrecen vías para movilizar valor. Por último, el crowdfunding o micromecenazgo puede ser explotado mediante campañas fingidas o mediante la coacción y el desvío de donaciones en zonas de alto riesgo.
Retos para la política criminal
Detectar y prevenir estos flujos obliga a actualizar enfoques regulatorios y de inteligencia financiera. El uso de instrumentos de uso cotidiano y de tecnologías descentralizadas dificulta la identificación precoz de operaciones sospechosas, por lo que se requieren mecanismos coordinados entre entidades regulatorias, fuerzas de seguridad y plataformas privadas. El estudio insiste en la urgencia de adaptar la normativa para contemplar la especificidad de la financiación del terrorismo sin confundirla con otros delitos económicos, manteniendo al mismo tiempo garantías procesales y protección de derechos.
Propuestas y líneas de trabajo
Entre las recomendaciones figuran un refuerzo de la cooperación internacional, el desarrollo de técnicas de análisis que combinen inteligencia tradicional y herramientas de trazado digital, y medidas de control específicas para las remesadoras, los intercambios de criptomonedas y las plataformas de crowdfunding. La investigación coordinada desde la Universitat de València, en el marco del proyecto Ganancias ilícitas y sistema de justicia penal: una perspectiva global, aporta evidencia para diseñar políticas que equilibren eficacia y respeto a la privacidad, invitando a un diálogo entre penalistas, reguladores y el sector tecnológico.