El pasado domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Ejecutivo está trabajando “contra reloj” para presentar en el Consejo de Ministros el real decreto-ley de vivienda que se había convertido en una demanda pública tras el emotivo vídeo de Maricarmen, una madre desalojada que pidió medidas urgentes para frenar la crisis habitacional.
El impulso político y la petición de un último esfuerzo
Sánchez dirigió sus palabras al Congreso, solicitando a todas las fuerzas parlamentarias un último esfuerzo para validar el texto el próximo martes. Según el mandatario, la norma pretende aliviar la emergencia habitacional que afecta a colectivos vulnerables, personas mayores y a millones de españoles que luchan por mantener una vivienda digna. El presidente subrayó que la iniciativa no es una cuestión ideológica, sino “una cuestión de humanidad”.
Reacción de la oposición y de los partidos aliados
El líder del PSOE también denunció que el Partido Popular y Vox, que se presentan como defensores de la clase media, votaron en contra de la medida y no han dialogado con los alcaldes socialistas para aplicar las “zonas tensionadas”, mecanismo que congelaría los precios del alquiler. Además, criticó que estos partidos tengan recursos para adquirir lujosos inmuebles mientras que personas como Maricarmen siguen sin techo.
Postura de Junts
Junto a estas críticas, el portavoz de Junts, Jordi Turull, manifestó que su formación apoyará el decreto siempre que este no incluya medidas que penalicen a los pequeños propietarios, recordando la polémica alrededor del anterior “decreto-mnibus” de pensiones.
Protestas ciudadanas y contexto social
Mientras se negocia el proyecto en Palacio, miles de manifestantes se congregaron en Málaga y en la Puerta del Sol de Madrid para exigir la paralización de los desahucios. Las concentraciones, convocadas por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y otras organizaciones, dejaron al descubierto la creciente presión social y el rechazo a los llamados “fondos buitre”.
En Getafe, durante la presentación de las candidaturas socialistas para las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2027, Sánchez también anunció la prórroga del escudo social por las consecuencias de la guerra en Irán hasta final de año, vinculando la necesidad de estabilizar el coste de la vida con el fin de los conflictos internacionales.
El presidente concluyó recordando los avances del gobierno en términos de crecimiento del PIB, afiliación al PSOE y reservas para pensiones, y volvió a lanzar una advertencia a la ultraderecha sobre su incapacidad para mejorar la vida de los ciudadanos.
