La prórroga de las cuentas públicas se ha convertido en la norma: los Presupuestos Generales del Estado siguen prorrogados desde 2026 y el Gobierno ha ido gestionando el día a día mediante ampliaciones y traspasos. En ese contexto, el nuevo vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha reiterado el compromiso oficial de presentar un proyecto para 2026, pero ha situado como condición previa la elaboración de un cuadro macro sólido que permita valorar los riesgos derivados del conflicto en Oriente Próximo.
Esta posición mezcla la obligación constitucional con la prudencia técnica en un entorno internacional volátil.
Durante su intervención pública, el responsable económico ha subrayado que no se han fijado plazos concretos: antes de registrar las cuentas es necesario «tener todas las garantías».
Con los presupuestos vigentes datando de 2026, la administración ha improvisado mecanismos temporales para financiar políticas y atender emergencias, lo que evidencia la tensión entre la necesidad de planificar y la dificultad para asegurar respaldos parlamentarios suficientes. Cuerpo ha vinculado la demora no solo a negociaciones internas, sino al impacto externo que aún se está evaluando.
El estado actual de las cuentas y los desafíos administrativos
Administrar con presupuestos prorrogados implica recurrir a soluciones transitorias: ampliaciones, modificaciones y transferencias entre partidas. Ese modo de operar ha evitado un colapso inmediato, pero penaliza la capacidad de diseño a medio plazo. El Ejecutivo insiste en que existe un compromiso de presentar unas nuevas cuentas para 2026; sin embargo, la presentación llegaría con retraso y, probablemente, sin los apoyos parlamentarios asegurados. La historia de la legislatura muestra que la falta de mayorías ha impedido aprobar ningún presupuesto integral, lo que prolonga la dependencia de medidas temporales.
Cómo influye el conflicto en Oriente Próximo en la elaboración del cuadro macro
El choque geopolítico ha introducido variables difíciles de cuantificar: fluctuaciones de los precios de la energía, cambios en mercados financieros y riesgos sobre inflación y recaudación. Para Cuerpo, es «imposible predecir con un mínimo de fiabilidad» la situación a final de año sin primero modelar escenarios que incluyan esas variables. El cuadro macro, entendido como el conjunto de previsiones de crecimiento, inflación, ingresos y gasto, es la base técnica imprescindible para cualquier proyecto presupuestario riguroso y por eso el Gobierno pide tiempo para afinarlo antes de su registro.
¿Qué es y por qué importa el cuadro macro?
El cuadro macro es la proyección que recoge estimaciones sobre crecimiento, inflación, ingresos fiscales y gasto público. Sin una estimación creíble, cualquier plan de gasto carece de fundamento y puede obligar a correcciones abruptas durante el ejercicio. El Ejecutivo señala que, además de cifras, se debe evaluar qué recursos serán necesarios para proteger a hogares y empresas frente a un empeoramiento externo, lo que puede implicar medidas anticrisis adicionales si la guerra en Irán eleva los costes energéticos o frena la actividad económica.
Plazos políticos y expectativas sobre la legislatura
La coyuntura internacional no ha sido el único factor: la fragilidad de las mayorías parlamentarias ha sido reiteradamente citada como la razón por la que no se han aprobado nuevos presupuestos durante esta legislatura. Pese a ello, el Gobierno mantiene la intención de agotar el mandato, cuyo final está fijado a finales de 2027, y el vicepresidente ha señalado su disposición a proyectar la acción económica más allá de ese horizonte. Esa ambición contrasta con la estrategia de posponer la entrega de las cuentas hasta disponer de un marco macroeconómico que, según el Ejecutivo, debe reflejar la realidad cuando se presente ante el Parlamento.
En resumen, la promesa de llevar unos presupuestos 2026 al Congreso coexiste con la cautela técnica: la elaboración de un cuadro macro fiable y la medición del impacto de la guerra en Irán son condiciones que, según Carlos Cuerpo, justifican un aplazamiento adicional. Mientras tanto, el Gobierno seguirá operando con soluciones transitorias y vigilando la evolución de los mercados y de la economía real antes de fijar una fecha definitiva para registrar las nuevas cuentas.