Las elecciones generales previstas para el 29N reactivan el debate sobre la sostenibilidad fiscal de España. Cada programa electoral plantea un camino distinto para financiar los servicios públicos, entre los que se encuentran las pensiones. Las medidas varían desde una mayor recaudación de grandes fortunas hasta la reducción de la carga tributaria con la intención de estimular el consumo.
Podemos y Frente Amplio: aumento de la recaudación para financiar el Estado de bienestar
Podemos propone elevar el tipo efectivo mínimo del Impuesto de Sociedades del 15% al 19% y hasta el 29% para empresas oligopolio, estableciendo un tipo nominal del 35% para estas últimas. Asimismo, plantea subir los tramos del IRPF para rentas superiores a 60.000 euros y suprimir la exención del IBI de la Iglesia católica. Frente Amplio, por su parte, plantea un tipo mínimo efectivo del 20% para grandes grupos y un impuesto mínimo del 2% para patrimonios superiores a un millón de euros, creando una tasa del 3% para fortunas de más de 50 millones.
Ambas fórmulas buscan incrementar la recaudación de los grandes contribuyentes para financiar la red de protección social, incluida la pensión. Un mayor ingreso fiscal puede reducir la necesidad de financiar la deuda mediante emisión de deuda pública, lo que a su vez moderaría presiones inflacionarias derivadas de un mayor gasto público financiado con dinero nuevo.
PP y Vox: recortes tributarios para impulsar la renta disponible
El Partido Popular y Vox centran sus propuestas en la reducción de la presión fiscal. El PP, aunque no detalla tipos concretos en los datos disponibles, se compromete a bajar los impuestos con el objetivo de aumentar la renta disponible, el consumo y la inversión. Vox sigue la misma línea, defendiendo la disminución de la carga tributaria como motor de crecimiento.
Una reducción de impuestos puede traducirse en mayor poder adquisitivo a corto plazo para los pensionistas si se aplican a sus tramos de renta. Sin embargo, la pérdida de ingresos fiscales exige buscar otras fuentes de financiación o recurrir a la deuda, con el riesgo de- aumentar la inflación si el gasto público se mantiene sin ajustes.
Implicaciones macroeconómicas: inflación y poder adquisitivo de las familias
El vínculo entre la política fiscal y la inflación depende de cómo se financien los déficits. Los planes de redistribución de Podemos y Frente Amplio pretenden financiarse mediante mayores recaudaciones, lo que tiende a ser neutral o incluso desinflacionario si evita la emisión de deuda. Por el contrario, los recortes de PP y Vox pueden requerir financiación externa, lo que, junto a un posible aumento del gasto, podría presionar al alza el nivel de precios.
Para los pensionistas, la clave está en el equilibrio entre una mayor carga tributaria sobre patrimonios y la estabilidad de precios. Un incremento del IVA en viviendas turísticas propuesto por Podemos (21%) o la eliminación de ventajas fiscales de planes de pensiones privados pueden afectar la capacidad de ahorro y el consumo de los mayores. En cambio, la rebaja del IVA en alimentos propuesta por ERC podría aliviar la inflación de la cesta básica, beneficiando directamente a las pensiones.
En síntesis, la ruta que elija el futuro Gobierno determinará si la financiación de las pensiones se sustenta en una mayor recaudación progresiva, favoreciendo la estabilidad de precios, o en recortes que requieran endeudamiento y potencialmente eleven la inflación, erosionando el poder de compra de los pensionistas.



