La instrucción abierta en la Audiencia Nacional sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de una investigación que vincula a varias empresas y a un macroproyecto de ocio en Tarragona promovido por Hard Rock. El juez instructor, José Luis Calama, incorpora en su auto comunicaciones intervenidas en las que se alude a una comisión del 3% por la intermediación destinada a desbloquear la inversión; sin embargo, las pesquisas no han acreditado hasta el momento la existencia de pagos. En esa red aparecen sociedades como Grupo Aldesa y firmas vinculadas a Julio Martínez Martínez, al que el juez ubica como presunto intermediario.
Historia y alcance del macroproyecto
El plan del Hard Rock en Tarragona arrastra más de una década de gestión y controversia pública. El origen se remonta a 2011, cuando el empresario Sheldon Adelson tanteó ubicaciones en Barcelona y Madrid para un complejo similar; en 2012 la apuesta se trasladó a un emplazamiento próximo a PortAventura World. En 2018 la Generalitat otorgó una licencia a Hard Rock, pero el proyecto ha lidiado con cambios normativos y judiciales: en 2014 se aplicaron beneficios fiscales ligados al juego, en 2016 se aprobó un plan director y en 2026 un tribunal ordenó su modificación. Los promotores han comunicado una inversión estimada que arranca en 700 millones y podría llegar a 2.000 millones, con hoteles, casino y áreas comerciales.
Repercusiones políticas y administrativas
El papel del Institut Català del Sòl (Incasòl) fue central en la tramitación: la operación dependía de que el Incasòl adquiriera terrenos a CriteriaCaixa y los vendiera a Hard Rock. Esa maniobra tensó el tablero político en Cataluña y contribuyó al adelanto electoral convocado por Pere Aragonès en 2026, tras el rechazo de En Comú Podem a los presupuestos que ERC había pactado con el PSC. En la nueva legislatura, en 2026, el Parlament derogó las rebajas fiscales aplicadas con anterioridad, devolviendo el gravamen al 55% para grandes casinos, frente al 10% fijado en 2014.
Pruebas documentales y movimientos societarios
El auto refleja contratos intervenidos entre Grupo Aldesa y la sociedad Idella Consulenza Strategica, vinculada a Julio Martínez Martínez, donde inicialmente se contempla una retribución del 3% por la intermediación en el proyecto. Las adendas sucesivas variaron la redacción —primero entre el 1% y el 3% y finalmente fijando el 3%— y aparecen instrucciones para eliminar la expresión «comisión» del borrador, según el magistrado. La investigación también apunta a la utilización de empresas instrumentales para enmascarar la naturaleza de las operaciones y al eventual envío de fondos a cuentas en el extranjero.
Pagos detectados y lagunas en la contabilidad
Del cruce de datos con Hacienda resulta, según el auto, que no figura ningún ingreso de Grupo Adelsa a favor de Idella, por lo que esos contratos no habrían llegado a ejecutarse en los términos pactados. Sí consta el abono de 133.100 euros por parte de la constructora Aldesa a Análisis Relevante, otra sociedad asociada a Julio Martínez. El juez considera relevante la orden de suprimir la palabra comisión y la forma en que se habrían articulado las contraprestaciones a través de conceptos de asesoría o servicios, que podrían servir para ocultar el verdadero contenido económico de las operaciones.
Medidas judiciales y estado actual del procedimiento
Como resultado de la instrucción, el juez ha impuesto medidas cautelares que afectan a las cuentas bancarias del expresidente, y ha imputado a varios de los implicados al considerar que existió una estructura organizativa destinada a facilitar la operación. Las diligencias se centraron en interceptaciones realizadas en la primavera de 2026 y en un contrato fechado el 1 de abril de 2026 que relaciona a las partes con un negocio valorado en torno a 2.000 millones. A día de hoy la investigación sigue su curso; los movimientos contables detectados son parciales y la existencia de la comisión del 3% no ha sido confirmada mediante pagos probados.
Qué queda por aclarar
Los interrogantes pendientes incluyen la determinación de la ruta de eventuales transferencias, la identificación del destino de fondos en el extranjero y la comprobación de si las denominaciones contractuales encubrieron pagos reales. Para el juez, la combinación de documentos intervenidos y las instrucciones internas sugiere una voluntad de ocultación, motivo por el cual la causa sigue abierta y cualquier conclusión definitiva dependerá de nuevas pruebas y del análisis contable internacional.
