¡Atención! El Tribunal Supremo de España ha tomado una decisión que podría cambiar las reglas del juego en el ámbito laboral. ¿Qué establece exactamente? La indemnización por despido improcedente, según el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores, no puede ser aumentada mediante la vía judicial.
Este fallo llega tras revisar una sentencia anterior y marca un antes y un después en la interpretación de las normativas laborales actuales.
Detalles del fallo del Tribunal Supremo
En su reciente dictamen, el Supremo deja claro que la indemnización por despido improcedente, fijada en 33 días de salario por cada año trabajado, no puede ser modificada judicialmente dependiendo de las circunstancias de cada caso.
La corte argumenta que esto no infringe el artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni el artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, que simplemente sugieren que la indemnización debe ser adecuada.
El Tribunal subraya que términos como «indemnización adecuada» son demasiado vagos y no deben interpretarse como mandatos aplicables de forma directa.
En este contexto, hacen hincapié en que cualquier cambio en la normativa laboral española requeriría una intervención del legislador. Esto, a su vez, refuerza la idea de que la indemnización actual brinda seguridad jurídica y uniformidad a todos los trabajadores que enfrentan despidos improcedentes.
Contexto y antecedentes de la sentencia
Este fallo reafirma lo que ya se había dictado en diciembre de 2024, donde el Tribunal Supremo había declarado, por unanimidad, que la indemnización por despido improcedente no puede ser aumentada judicialmente. Además, se resalta que las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) no tienen efecto inmediato entre particulares, a diferencia de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El fallo también recuerda que, en situaciones de despidos por causas objetivas o despidos colectivos por razones económicas, la indemnización máxima no puede exceder los 20 días de salario por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades. Esta normativa es crucial para lograr un equilibrio entre la protección de los trabajadores y la viabilidad económica de las empresas.
Implicaciones y recomendaciones futuras
Recientemente, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha instado al Gobierno español a revisar las indemnizaciones por despido improcedente. ¿La razón? Deben ser más disuasorias para los empleadores y efectivas para reparar el daño al trabajador. La propuesta del Ministerio de Trabajo contempla la posibilidad de ajustar el Estatuto de los Trabajadores para que la indemnización se adapte a las circunstancias personales y laborales de cada trabajador. Esto podría llevar a una mayor equidad en la aplicación de la normativa.
La necesidad de estas reformas es evidente, especialmente considerando las críticas de sindicatos y organismos internacionales, que han señalado que la regulación actual no cumple con los estándares europeos y no proporciona una disuasión adecuada contra los despidos injustificados. Sin duda, la situación sigue siendo un tema candente en el ámbito laboral, y es de esperar que se continúen discutiendo posibles cambios en la legislación en un futuro cercano.
