A medida que las criptomonedas continúan ganando terreno en el ámbito financiero, la familia Trump ha encontrado una oportunidad para obtener beneficios millonarios. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, él y sus hijos han acumulado una fortuna considerable a través de inversiones en este mercado poco regulado.
Las ganancias, que se estiman en más de 5.000 millones de dólares, han suscitado críticas y preocupaciones sobre el uso de su influencia política para fines personales.
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Las inversiones de la familia Trump en criptomonedas
Las principales empresas que respaldan esta fortuna son World Liberty Financial (WLF) y American Bitcoin Corp.
(ABTC). WLF es una plataforma financiera descentralizada que permite a los usuarios influir en las normas de préstamo mediante el uso de tokens $WLFI, cuya venta ha generado millones para la familia Trump. Por su parte, ABTC, apoyada activamente por sus hijos, ha visto un notable aumento en sus acciones tras su debut en Nasdaq, aumentando un 110% y cerrando un 16,5% por encima de su precio de apertura.
Según informes, una entidad empresarial de Trump posee el 60% de WLF, lo que le otorga el derecho a un 75% de los ingresos generados por la venta de estos tokens. Esta situación ha generado críticas que cuestionan la ética de un presidente que se beneficia directamente de un sector que él mismo ha ayudado a moldear.
Preocupaciones sobre conflictos de interés
Los críticos advierten que la dualidad de funciones de Trump como presidente y beneficiario de las criptomonedas socava la confianza pública. Ross Delston, un abogado y perito en la materia, señala que las criptomonedas pueden ofrecer oportunidades para que individuos o gobiernos compren influencia sobre el presidente a través de inversiones en sus monedas digitales.
Este aspecto plantea serias preguntas sobre la transparencia y la ética en la administración.
A pesar de que Trump y su familia actualmente no pueden vender sus propios tokens en WLF, se espera que, a mediano plazo, obtengan beneficios significativos.
La Casa Blanca, sin embargo, defiende que no existen conflictos de interés, aunque las acusaciones persisten.
La regulación y el enfoque del gobierno
El enfoque de la administración de Trump hacia las criptomonedas ha sido notablemente laxo. Desde una orden ejecutiva emitida en enero, se han desmantelado muchas de las regulaciones que limitaban la operación de estas empresas. La SEC, anteriormente estricta bajo la dirección de Gary Gensler, ha reducido su vigilancia en este sector, lo que ha facilitado el crecimiento de las criptomonedas.
Expertos del sector han calificado este enfoque como “criptocapitalismo con esteroides”, sugiriendo que la falta de regulación podría llevar a una mayor especulación y riesgos para los inversores comunes. Richard Briffault, profesor de la Facultad de Derecho de Columbia, advierte que estos movimientos podrían combinar el poder público con el enriquecimiento privado de manera peligrosa.
Además, existe una creciente preocupación sobre la lealtad política dentro de las agencias federales, con indicios de despidos de funcionarios que no se alinean con la agenda de la administración. Este clima de temor ha llevado a una mayor cautela entre los reguladores a la hora de cuestionar las iniciativas de Trump en el ámbito de las criptomonedas.
Demandas de mayor regulación
Frente a esta situación, los legisladores están instando al Congreso a restablecer una supervisión más estricta sobre las criptomonedas. Exigen una mayor transparencia por parte de empresas como WLF y límites a la posesión de criptomonedas por parte de funcionarios públicos. Sin embargo, las críticas advierten que el actual panorama beneficia a quienes tienen acceso a información privilegiada, poniendo en riesgo a los usuarios comunes.
El futuro de la regulación de criptomonedas en Estados Unidos está en un punto crítico. Los expertos prevén que, de no producirse cambios significativos, podría haber un aumento en los procesos penales relacionados con este sector, así como perturbaciones económicas tras la presidencia de Trump. La necesidad de un marco regulatorio claro se vuelve más urgente a medida que los vínculos entre la política y el enriquecimiento personal se hacen más evidentes.
