La escalada del conflicto en Oriente Próximo ha llevado a más de 25 países a aplicar medidas universales para amortiguar el impacto de los precios energéticos en los consumidores. Estas respuestas, que abarcan desde la reducción de impuestos sobre los combustibles hasta subsidios directos o controles de precios, se implementaron con rapidez para contener el efecto inmediato sobre la inflación y el poder adquisitivo, pero ahora están en el punto de mira de los organismos internacionales por su coste y efectos colaterales.
Stefano Scarpetta, quien asumió el cargo de economista jefe de la OCDE este mes, advirtió en declaraciones a Financial Times que muchas de estas políticas no son sostenibles a largo plazo. Según Scarpetta, la experiencia acumulada en la crisis energética europea de 2026 demuestra que estas medidas pueden aumentar la inflación, tensar las finanzas públicas y reducir los incentivos para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.
Por ello, la recomendación general es pasar de apoyos universales a intervenciones más precisas.
Lecciones prácticas de la crisis de 2026
La experiencia de 2026 con los paquetes de ayudas muestra que el impacto fiscal puede ser especialmente oneroso cuando las medidas son genéricas y prolongadas.
Aquellos programas diseñados para sostener la demanda inmediata terminaron por agravar déficits y por suavizar señales de precio que incentivaran la eficiencia energética. La Comisión Europea también ha alertado a los 27 Estados miembros sobre el riesgo de un gasto excesivo que podría desembocar en una crisis fiscal dentro del bloque, subrayando la necesidad de calibrar con precisión la respuesta pública.
Alternativas y matices
En lugar de amplios recortes fiscales, las opciones menos extendidas han sido los controles de precios, los subsidios focalizados y las transferencias directas a los hogares más vulnerables. Estas fórmulas buscan preservar el poder adquisitivo sin sacrificar la sostenibilidad fiscal ni los objetivos climáticos. La OCDE propone priorizar el esfuerzo hacia quienes más lo necesitan y hacia las empresas con elevada intensidad energética, evitando así gastos que beneficien indiscriminadamente a rentas altas o a actividades poco eficientes.
Riesgos para la inflación, el crecimiento y la tecnología
La OCDE mantiene su previsión, publicada a finales de marzo, de que la inflación media en las principales economías del G20 podría situarse alrededor del 4% en 2026, frente a la estimación previa de 2,8% hecha en diciembre. Scarpetta subraya que «la incertidumbre sigue siendo muy alta» y recuerda que las interrupciones en el comercio a través del estrecho de Ormuz, así como el aumento de los precios energéticos, pueden frenar la implantación de la IA y otras tecnologías, lo que a su vez afectaría negativamente a las perspectivas de crecimiento global.
Impacto sobre adopción tecnológica
El encarecimiento energético y las disrupciones logísticas erosionan la rentabilidad de inversiones en IA y automatización, motores clave de productividad en los escenarios favorables previos al conflicto. Un menor despliegue de estas herramientas reduce la posibilidad de que la productividad recupere tracción, lo que limita la mejora del nivel de vida a medio plazo y complica la consolidación de las cuentas públicas.
Recomendaciones de política y consecuencias para el Reino Unido
Ante tanta incertidumbre, la OCDE insta a que las ayudas sean temporales y estén dirigidas: apoyar a hogares de bajos ingresos y a empresas con alto consumo energético, establecer condiciones para que las compañías asuman parte del sobrecoste y evitar sostener a empresas zombi que no serían viables sin auxilios permanentes. Scarpetta también valora medidas para impedir que se produzcan beneficios extraordinarios para determinados actores durante la crisis, citando como ejemplo la herramienta británica de «búsqueda de combustible» diseñada para garantizar que los descuentos lleguen a los consumidores.
Prioridades específicas para el Reino Unido
En el caso del Reino Unido, la OCDE identifica que las perspectivas de crecimiento no mejoraron incluso antes del conflicto actual. Por ello recomienda al Gobierno de Keir Starmer impulsar programas que faciliten el acceso de los jóvenes a la formación profesional, reducir los costes del cuidado infantil para padres que trabajan y corregir problemas del sistema de impuestos sobre la renta que erosionan los incentivos laborales en tramos más altos. Estas medidas tendrían un doble efecto: mejorar la oferta de trabajo y reforzar la base impositiva sin incrementar la presión fiscal generalizada.