La discusión sobre la transferencia del IRPF a Cataluña y la creación de una Hacienda autonómica ha vuelto a coger fuerza en los despachos políticos. El relevo en el Ministerio de Hacienda —con la entrada de Arcadi España en sustitución de María Jesús Montero— ha sido visto por el Govern de Salvador Illa y sus socios de ERC como una oportunidad para desbloquear la cesión que abriría la puerta a una financiación singular para Cataluña.
A pesar de ese optimismo, el proyecto topa con resistencias tanto dentro del PSOE como en comunidades gobernadas por socialistas y por el Partido Popular.
La controversia no es solo política sino técnica: asumir la recaudación exige estructuras, personal y asumir riesgos financieros.
Voces relevantes han trasladado a Illa que disponer de una hacienda propia no es un trámite administrativo sino un proceso complejo que lleva años. Además, el documento pactado entre PSC y ERC —avalado en su momento por instancias internas del PSOE y por la Comisión Bilateral Estado-Generalitat— no cuenta con el apoyo unánime de las comunidades, lo que complica su viabilidad como modelo de referencia.
Advertencias desde los territorios forales
Los gobiernos de Euskadi y Navarra, que funcionan bajo regímenes especiales, han ofrecido una mirada práctica sobre lo que supone gestionar impuestos directamente. El presidente vasco, Imanol Pradales, explicó tras reunirse con Pedro Sánchez justo antes de Semana Santa que la experiencia foral implica un riesgo unilateral: la capacidad de recaudar y administrar los impuestos conlleva la responsabilidad completa sobre los resultados fiscales. Esa advertencia incide en que, si se cometen errores en política presupuestaria o se incumplen reglas de estabilidad, no habrá rescates automáticos desde el Estado, una lección que sitúa la discusión en términos de prudencia fiscal y autonomía real.
En términos prácticos, Navarra también transmitió cautela. La presidenta María Chivite relató en público y en privado que formar una estructura de Hacienda exige un equipo técnico altamente cualificado y años de trabajo. Durante la pandemia la recaudación navarra cayó en torno a 900 millones de euros, según fuentes del Gobierno foral, y no recibió compensaciones equivalentes de fondos estatales; eso reforzó la convicción de que asumir la recaudación sin un respaldo sólido es arriesgado. Chivite llegó a describir la hacienda navarra como la «joya de la corona» por su capacidad técnica y su responsabilidad financiera.
El concepto de riesgo unilateral
El riesgo unilateral —explicado por Pradales como un principio del régimen del concierto— significa que la comunidad asume las consecuencias de sus decisiones fiscales sin esperar rescates. En su exposición recordó las tensiones de la crisis financiera de 2009-2012, cuando, según él, Euskadi no recibió un rescate porque había mantenido una política presupuestaria saneada y porque el propio régimen exige esa asunción de riesgos. Esta idea altera la percepción de que la cesión de impuestos es un traslado neutro de competencias: implica cambiar la noción de responsabilidad fiscal y solventar, con recursos propios, posibles desviaciones presupuestarias.
Rechazo de otras comunidades y la reacción socialista
No todas las comunidades socialistas comparten la visión de abrir la puerta a una financiación singular basada en el acuerdo PSC-ERC. Presidentes como Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) han sido rotundos en su rechazo; Page comunicó en La Moncloa en octubre de 2026 que el documento pactado con los independentistas no podía ser la base de una reforma general. Por su parte, fuentes de Castilla-La Mancha niegan interlocución con la Generalitat sobre este asunto: la distancia demuestra que la propuesta catalano-PSC no suma apoyos imprescindibles en el seno del PSOE autonómico.
Asturias representa otra línea crítica: su presidente, Adrián Barbón, y la vicepresidenta Gimena Llamedo han dejado claro que el Principado no aceptará un «plato precocinado» ni un contrato ya cerrado. Barbón manifestó en diversos foros su oposición sin matices a la financiación singular y exigió cambios sustanciales en la propuesta de reforma porque, pese a que según cálculos del Gobierno su comunidad podría recibir 248 millones adicionales, reclama garantías de equidad para la prestación de servicios públicos. En agosto de 2026 Barbón rechazó claramente la propuesta planteada para Cataluña.
Demandas de diálogo y condiciones
La exigencia común de las comunidades críticas es abrir un diálogo «en pie de igualdad» entre todas las autonomías antes de validar cualquier cambio profundo. Reclaman que la negociación no se base en un documento cerrado ni en la adhesión saltándose procesos de consenso. La petición incluye valorar impactos fiscales, la disponibilidad de técnicos y las reglas de estabilidad, junto a un calendario realista para formar plantillas de recaudación y sistemas informáticos. Sin esas garantías, advierten, la transferencia del IRPF y la creación de una Hacienda autonómica pueden convertirse en un riesgo para la sostenibilidad de servicios básicos.