El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros en Madrid marca un cambio importante en la financiación de productos sanitarios para pacientes no hospitalizados. Esta normativa, que actualiza una regulación de 1996, busca establecer un marco más eficiente y transparente para el sistema sanitario actual.
Su objetivo principal es garantizar que la financiación de productos sanitarios se realice de manera ordenada, priorizando criterios de eficiencia, sostenibilidad y valor clínico en cada decisión sobre la inclusión de productos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Novedades en la regulación de financiación
Con el propósito de modernizar el proceso, el decreto introduce un sistema de financiación selectiva que establece criterios homogéneos para la inclusión y exclusión de productos sanitarios. Este enfoque optimiza la calidad del servicio y fomenta la competitividad en el sector, permitiendo que nuevos productos y proveedores accedan al sistema de salud.
Clasificación de productos sanitarios
Los productos sanitarios que pueden acceder a la financiación se clasifican en cuatro categorías generales: materiales de cura, productos para la aplicación de medicamentos, utensilios para la recogida de excretas y productos de protección ante lesiones. Cada categoría tiene diferentes requisitos de aportación del usuario, dependiendo de su situación económica.
Dentro de estas categorías, hay productos que requieren una aportación del usuario según su renta, tales como algodones, vendas y apósitos. También se incluyen productos destinados a cubrir necesidades crónicas, como equipos de inhalación y bolsas de recogida de orina, que tienen un menor coste para los usuarios.
Requisitos para la financiación pública
Para que un producto sanitario sea financiado por el SNS, debe cumplir ciertos criterios. Primero, debe ser fabricado en serie y contar con el marcado CE, lo que garantiza su conformidad con los estándares de calidad europeos. Además, no puede ser objeto de publicidad dirigida al público general y debe requerir una prescripción médica para su financiación.
La aprobación de la financiación no es automática; debe ser solicitada y aprobada mediante una resolución administrativa de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS. Este proceso incluye una evaluación técnica y económica que considera la utilidad clínica, el coste-efectividad y el impacto en el presupuesto del SNS.
Impacto en el sector sanitario
Las modificaciones del nuevo decreto no solo modernizan la financiación, sino que también establecen un marco jurídico más claro y cercano al de los medicamentos. Esto garantiza una mayor transparencia y seguridad jurídica para los actores del sector sanitario. La participación de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos es fundamental en la fijación de precios, asegurando que se mantengan estándares adecuados.
Una de las innovaciones más relevantes es la obligación de asegurar el suministro de productos sanitarios financiados. Las empresas deben comprometerse a abastecer estos productos una vez en el mercado, permitiéndose la sustitución por productos similares en casos de desabastecimiento, garantizando así la continuidad del tratamiento a los pacientes.
Calendario de implementación
El nuevo decreto entrará en vigor el 1 de julio de 2026 y se implementará de forma escalonada hasta 2028. Este calendario permitirá la inclusión de nuevos productos y la revisión de precios de los ya establecidos, comenzando por productos como bolsas de orina y cánulas, y culminando con productos de ostomía en 2028.
Su objetivo principal es garantizar que la financiación de productos sanitarios se realice de manera ordenada, priorizando criterios de eficiencia, sostenibilidad y valor clínico en cada decisión sobre la inclusión de productos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS).0