La Comisión Europea ha lanzado una alerta sobre la situación de las finanzas públicas en España, indicando que el país podría estar desviándose de las pautas acordadas. Esta advertencia se emite en el marco del informe semestral de otoño, donde se analizan las finanzas de los Estados miembros y se identifican los riesgos de incumplimiento de las reglas fiscales.
Según el análisis, España podría no cumplir con el límite de gasto estipulado para 2026, fijado en un máximo del 2,5% en el plan presentado a Bruselas por el Ministerio de Economía. Si esta situación se materializa, la Comisión considera que el desvío se mantendría por debajo del umbral del 0,3%, aunque esto podría desencadenar un nivel de alerta más serio conocido como riesgo material de incumplimiento.
Revisión del gasto público en la UE
Desde, Bruselas ha implementado un nuevo enfoque para evaluar las finanzas de los Estados miembros, centrándose en el gasto primario neto acumulado. Este indicador es más flexible, ya que omite factores como los intereses de la deuda y elementos cíclicos como el desempleo.
El objetivo de este cambio es evitar que los países se vean obligados a implementar políticas de austeridad que no contemplen las perspectivas de crecimiento, lo que podría resultar en un aumento del endeudamiento debido a la desaceleración de la actividad económica.
Normas fiscales y desviaciones
Las nuevas regulaciones no solo exigen que el gasto anual no se desvíe más de un 0,3% de la senda acordada, sino que también establecen que el error acumulado no debe sobrepasar el 0,6% en un periodo de siete años. Esta es la primera vez que se incluye a España en la lista de países en riesgo de incumplimiento del techo de gasto. En la evaluación anterior, realizada en junio, el margen de error fue lo suficientemente pequeño como para considerar que el gasto español se alineaba con lo pactado.
Otros países en la mira de Bruselas
Además de España, la Comisión Europea ha identificado a otros países que podrían estar en riesgo de incumplir las normas fiscales. Entre ellos se encuentran Croacia, Lituania, Eslovenia y Bulgaria. Asimismo, los Paises Bajos también enfrentan la misma evaluación de riesgo material de incumplimiento.
En cuanto a aquellos países que ya tienen un procedimiento de débito excesivo abierto, se ha señalado a Hungría como un estado en riesgo, mientras que Malta enfrenta un riesgo material de incumplimiento. A pesar de estas advertencias, la Comisión, liderada por Ursula von der Leyen, ha optado por no imponer sanciones más severas a los países con procedimientos de déficit excesivo en esta ocasión. Este enfoque se debe a que las evaluaciones actuales se basan en previsiones y no en datos concretos, lo que deja margen para correcciones o sorpresas en el crecimiento económico.
Desafíos en la implementación de políticas fiscales
La situación financiera de España se complica aún más por la necesidad de presentar un nuevo plan fiscal a siete años, que debe incluir reformas y medidas de ajuste antes de la fecha límite del 20 de septiembre. Las cifras de ejecución presupuestaria hasta el tercer trimestre indican que alcanzar el objetivo de déficit del 3% del PIB, acordado con la Comisión Europea, se aleja cada vez más. Esto ejerce presión sobre el Gobierno para solidificar las finanzas públicas, especialmente en el contexto del Plan de Recuperación y Resiliencia.
El Consejo de la Unión Europea ha instado a España a mejorar la administración de los fondos europeos y acelerar las inversiones, un proceso que se ha visto entorpecido por la falta de propuestas concretas por parte del Ejecutivo. En este contexto, los consejeros regionales de Hacienda han criticado la ausencia de un plan para renovar el sistema fiscal, evidenciando la creciente tensión entre el Gobierno y las comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular.
Perspectivas futuras
La situación de las finanzas públicas en España refleja la complejidad de equilibrar el crecimiento económico con la responsabilidad fiscal. Con la presión de la Comisión Europea y la necesidad de ajustes significativos, el país se enfrenta a un futuro incierto. Las decisiones políticas y económicas que se tomen en los próximos meses serán cruciales para determinar si España puede navegar con éxito en este entorno desafiante y cumplir con sus compromisos fiscales.