En los últimos meses el debate fiscal ha tomado un cariz más encendido en la capital española. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha utilizado sus redes sociales para acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de haber aumentado la carga tributaria en ciento cuarenta ocasiones desde que tomó posesión de la Moncloa en 2018. La denuncia se produce en el contexto de una serie de medidas locales que pretenden aliviar el bolsillo de los madrileños, y ha generado una nueva ronda de críticas entre los partidos que comparten el poder en la ciudad.
Almeida señala 140 incrementos de impuestos bajo la gestión de Sánchez
Según el propio alcalde, el incremento constante de los tributos –desde el IVA hasta el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)– ha encarecido la vida cotidiana. En su publicación en X, Almeida mencionó el alza de los precios de la cesta básica, la electricidad y la gasolina como ejemplos claros del efecto de la política tributaria nacional combinada con la inflación. El mensaje resaltó que los ciudadanos están pagando mucho más y que la carga impositiva ha crecido «140 veces». Además, el alcalde insinuó que el Gobierno central ha favorecido a sus aliados políticos con beneficios fiscales y ha abandonado la prestación de servicios públicos esenciales, como el transporte ferroviario.
Madrid recorta el IBI al mínimo legal permitido
En paralelo a la crítica nacional, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una nueva ordenanza que reduce el tipo general del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del 0,414 % actual al 0,4 % a partir de 2027, el mínimo que permite la legislación. Se trata de la sexta rebaja del impuesto desde que el PP asumió el gobierno municipal en 2019. El propio cálculo del consistorio indica que la medida generará un ahorro de 31,2 millones de euros en el año 2027, elevando el ahorro acumulado a 245 millones desde 2019, y afectará a aproximadamente 2,27 millones de contribuyentes entre familias, autónomos y empresas. Almeida utilizó estos números para afirmar que Madrid “tiene los impuestos más bajos que nunca en su historia y el presupuesto social más amplio”.
La deuda de la Seguridad Social se dispara bajo la gestión de Sánchez
Mientras la capital recorta el IBI, el escenario nacional muestra una realidad muy diferente en materia de pensiones y seguridad Social. Los datos oficiales revelan que la deuda acumulada del régimen pasa de 34 888 millones de euros en junio de 2018 a 136 176 millones en julio de 2026, lo que representa el 7,8 % del PIB. Este salto equivale a una media de 34 millones de euros de deuda nueva cada día bajo la administración de Sánchez.
El financiamiento de las pensiones se ha convertido en una operación de rescate permanente. Cada año el Estado concede un préstamo a la Tesorería de la Seguridad Social; en 2026 ese préstamo ascendió a 10 003 millones. Cuando los plazos vencen, el Gobierno los renueva mediante decretos-ley, sin que se produzca amortización alguna, generando un círculo vicioso de endeudamiento creciente. Las cuentas del Ministerio de Inclusión confirman que el patrimonio neto del sistema es negativo en 116 100 millones y que la principal solución ha sido otorgar préstamos y transferencias corrientes del Estado.
El efecto inmediato sobre los contribuyentes es alarmante. Según el Instituto Juan de Mariana, las cotizaciones sociales solo cubren los pagos de pensiones hasta el 3 de octubre. Los meses de octubre, noviembre y diciembre, incluida la paga extra de Navidad, dependen de aproximadamente 50 000 millones en transferencias estatales, que a su vez se financian con la emisión de nueva deuda pública. El déficit contributivo de 2025 se situó en 63 716 millones y sin la ayuda del Estado el desequilibrio superaría los 70 000 millones.
En cuanto a la presión fiscal directa, el llamado Impuestoómetro 2026 del mismo instituto contabiliza 141 subidas de impuestos y cotizaciones desde 2018: 63 por norma, 46 por la falta de deflactación del IRPF y 32 por revisiones catastrales. La negativa a actualizar la tabla del IRPF ha significado una pérdida de 28 000 millones para los contribuyentes en la era Sánchez. Cada vez que una pensión se revaloriza con el IPC, una parte de ese aumento se absorbe en la escala del IRPF, lo que afecta a los pensionistas sin que haya un incremento real de su poder adquisitivo.
El conjunto de estas medidas ha generado la mayor brecha patrimonial de la historia del sistema previsional. La nómina de pensiones contributivas alcanzó en septiembre un récord de 14,5 mil millones de euros, un 6,3 % más que el año anterior, mientras el número de beneficiarios creció apenas un 1,6 %. Con la próxima revalorización, la factura anual podría superar los 240 mil millones en 2027, y la deuda de la Seguridad Social podría rondar los 160 mil millones si se mantiene la trayectoria actual.
Frente a este panorama, el mensaje de Almeida cobra una nueva dimensión: “Quien quiera defender las pensiones tiene que votar por la salida del Gobierno de Sánchez”. La acusación de que el Ejecutivo ha “hipotecado las pensiones mediante una política fiscal desmesurada” resume la crítica que muchos partidos de la oposición están reutilizando en la campaña electoral prevista para el 29 de noviembre.
Por un lado, Madrid celebra una reducción histórica del IBI y un presupuesto social récord; por el otro, el Estado central enfrenta una deuda de pensiones que amenaza la sostenibilidad del propio modelo de protección social. La decisión de los votantes en las próximas elecciones será, según los propios actores políticos, decisiva para determinar si España continuará “ahogada por los impuestos” o logrará equilibrar sus finanzas públicas sin sacrificar los derechos de los jubilados.
