Un nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas
En un entorno financiero cada vez más complejo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado un innovador nuevo modelo de financiación autonómica.
Este sistema, que pretende entrar en vigor en 2027, busca revolucionar la forma en que se distribuyen los recursos entre el Estado y las comunidades autónomas. Sin embargo, también plantea importantes desafíos para la gestión del presupuesto estatal.
La propuesta contempla una transferencia de 24.300 millones de euros a las comunidades autónomas, una cifra que supera lo que actualmente les correspondería.
De este monto, 16.000 millones provendrán de un aumento en la cesión del IVA y del IRPF. Además, 5.000 millones se destinarán a un sistema de financiación revisado y 3.300 millones se añadirán al Fondo de Compensación Interterritorial.
Retos para el presupuesto estatal
La entrada en vigencia de este nuevo modelo no solo complicará la planificación financiera del Gobierno español, sino que también dejará al futuro ministro de Hacienda con el arduo trabajo de equilibrar el presupuesto de 2027. Montero, quien dejará su puesto para centrarse en las elecciones en Andalucía, no será quien enfrente las dificultades que este cambio implica.
Asimismo, la ministra ha destacado que el Gobierno deberá priorizar proyectos. Con la implementación de este nuevo modelo, se prevé que la participación del gasto estatal en el PIB alcance mínimos históricos. Esto sugiere que la capacidad de acción del Estado se verá cada vez más limitada.
Consideraciones sobre la recaudación fiscal
El argumento de la ministra Montero se sustenta en la idea de que el ciclo económico generará recursos adicionales suficientes para respaldar esta nueva distribución. Según sus declaraciones, se espera que la recaudación del año 2026 aumente en 30.000 millones de euros. Esto, en teoría, permitiría al Estado destinar 24.000 millones a las comunidades autónomas, conservando un margen de 5.000 millones para otros gastos.
Sin embargo, los datos proporcionados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) revelan que el Estado solo ha logrado retener aproximadamente la mitad de este incremento en ingresos. Esta situación genera incertidumbres sobre la viabilidad de la propuesta. Si se lleva a cabo el nuevo modelo de financiación sin un crecimiento significativo en los ingresos, el Estado podría verse forzado a realizar ajustes presupuestarios que impacten negativamente en otras áreas.
El impacto en las pensiones y el gasto público
Un aspecto crucial que no se puede pasar por alto es el aumento en las transferencias a la Seguridad Social para cubrir el creciente déficit en las cotizaciones. En 2026, estas transferencias aumentaron en 3.800 millones de euros, alcanzando un total de 47.000 millones de euros. Si la mayor parte de la recaudación del ciclo expansivo se destina a las comunidades autónomas, es probable que las pensiones absorban la mayoría de los recursos disponibles.
La situación se vuelve más compleja al considerar que la generación del baby boom está llegando a la jubilación, lo que incrementa la presión sobre el sistema de pensiones. Aunque se han implementado reformas para retrasar la edad de jubilación, su efectividad en la reducción del gasto sigue siendo objeto de debate.
Advertencias de organismos fiscales
La Autoridad Fiscal (AIReF) y el Banco de España han lanzado alertas sobre la necesidad de ajustar el gasto público para cumplir con las normas fiscales europeas. Desde 2026, el Gobierno ha incrementado considerablemente el gasto, lo que limitará la capacidad de maniobra a partir de 2027. Esto significa que cumplir con las normativas fiscales podría resultar complicado si se aprueba el nuevo modelo de financiación.
Las normas europeas no permiten considerar un aumento en la recaudación debido al ciclo económico. Esto implica que, incluso si los ingresos aumentan, será necesario realizar ajustes en el gasto público neto. Este escenario recuerda el error del pasado, cuando se utilizó una recaudación cíclica, lo que resultó en problemas fiscales a largo plazo.
Perspectivas a futuro
La reforma del sistema de financiación autonómica propuesta por Montero podría marcar un antes y un después en la política fiscal de España. No obstante, su implementación programada para 2027 presenta desafíos significativos que el próximo ministro de Hacienda deberá abordar con determinación. La necesidad de priorizar el gasto, sumada al aumento de las transferencias a la Seguridad Social y la presión ejercida por las comunidades autónomas, complicará aún más la situación financiera del Estado.
Montero ha señalado que si se requiere renunciar a ciertos proyectos, será el Gobierno de España quien deba asumir esas concesiones. La herencia que recibirá el próximo responsable de Hacienda será una de las más complejas de los últimos años, exigiendo decisiones difíciles y estratégicas para asegurar la sostenibilidad fiscal del país. ¿Estará preparado el nuevo ministro para afrontar este reto y garantizar un futuro financiero sólido?