El Consejo de Ministros de España ha dado un paso significativo al aprobar un anteproyecto de ley que establece nuevas normativas sobre el número de alumnos por aula y la carga horaria de los docentes. Esta iniciativa busca mejorar las condiciones educativas en el país, con la esperanza de que genere beneficios notables tanto para los estudiantes como para los profesores.
La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha señalado que esta medida responde a demandas históricas dentro del sistema educativo y tiene como objetivo revertir reducciones previas. Con esta ley, se establece un límite de 22 alumnos por aula en Educación Primaria y 25 en Educación Secundaria.
Detalles del anteproyecto de ley
Este nuevo marco legal no solo se centra en la reducción de alumnos por aula, sino que también busca optimizar la jornada laboral de los docentes. A partir del próximo curso, los maestros de Infantil y Primaria tendrán un máximo de 23 horas lectivas semanales, mientras que los de Secundaria tendrán un límite de 18 horas.
Esta modificación se prevé que entre en vigor en el curso escolar 2026-2027.
En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, cada uno contará como dos plazas, con la intención de facilitar una mejor atención dentro de las aulas. Esta medida es crucial para asegurar que todos los alumnos reciban la atención necesaria en su proceso de aprendizaje.
Implementación progresiva de las nuevas ratios
El calendario para la implementación de estas nuevas ratios será gradual: comenzará en el curso 2027-2028 para Infantil y Primaria, y se extenderá a Secundaria en 2028-2029 y a Bachillerato en 2029-2030, alcanzando su total aplicación en 2031-2032. Este enfoque permitirá a las escuelas adaptarse a los cambios necesarios para cumplir con la legislación.
La ministra Alegría ha destacado que este anteproyecto es un paso hacia la mejora de la calidad del sistema educativo y un intento de compensar los recortes que se realizaron en 2012. La intención es asegurar que tanto los alumnos como los docentes se beneficien de un entorno más favorable para la enseñanza y el aprendizaje.
Perspectivas y diálogo con comunidades autónomas
El gobierno planea mantener un diálogo activo con las comunidades autónomas y los sindicatos del sector educativo para garantizar la implementación efectiva de este anteproyecto. Hasta la fecha, se han realizado varias reuniones para discutir los detalles y recoger opiniones que ayuden a perfeccionar la propuesta.
La ministra de Educación ha expresado su confianza en que esta legislación contará con un amplio apoyo en el Parlamento, lo cual es fundamental para su éxito. La colaboración entre diferentes partidos políticos es crucial, especialmente en el contexto de la educación pública, donde todos los actores deben estar alineados en la búsqueda de un mejor futuro para los estudiantes.
Reacciones de los sindicatos y expertos en educación
Los sindicatos docentes han valorado positivamente la reducción de las ratios, aunque han insistido en que su aplicación debe ser inmediata en lugar de progresiva. Exigen que todas las medidas de apoyo se implementen sin dilación para asegurar que cada alumno reciba la atención que merece. Además, han manifestado que las mejoras en las condiciones laborales de los docentes deben seguir siendo una prioridad en las mesas de negociación.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha instado a los grupos parlamentarios a adoptar una postura constructiva, mientras que otros sectores piden más recursos y personal especializado para atender adecuadamente a los estudiantes con diversas necesidades. La implementación efectiva de esta ley dependerá de la capacidad del gobierno para asegurar los recursos necesarios.
La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha señalado que esta medida responde a demandas históricas dentro del sistema educativo y tiene como objetivo revertir reducciones previas. Con esta ley, se establece un límite de 22 alumnos por aula en Educación Primaria y 25 en Educación Secundaria.0