El debate sobre cómo regular los microcréditos de alto coste se ha reavivado tras la aprobación, a principios de enero, del anteproyecto de ley para transponer la directiva europea de crédito al consumo. El texto incorpora límites a los tipos de interés y exige que todas las entidades que concedan préstamos estén autorizadas y supervisadas, una novedad en España que pretende cerrar el hueco legal que permitió la proliferación de prestamistas no regulados.
En ese contexto, la patronal de las entidades financieras de crédito, Asnef, ha presentado alegaciones al borrador normativo y reclama, entre otras medidas, una reducción del importe máximo de los microcréditos de alto coste: del tope propuesto de 1.000 euros a una horquilla de 400-500 euros.
Por qué Asnef quiere bajar el tope de microcréditos
La principal preocupación de la asociación es que permitir préstamos de hasta 1.000 euros con tasas elevadas puede agravar el problema del sobreendeudamiento entre perfiles vulnerables. Estos productos suelen aplicar tipos de interés mucho más altos que el crédito al consumo tradicional: el anteproyecto contempla un interés máximo del 60% TAE para los créditos de alto coste, frente al ~7% medio del crédito convencional según el Banco de España.
Asnef argumenta que la práctica habitual es que los clientes de estos microcréditos son personas rechazadas por la banca regulada por no cumplir criterios de capacidad de devolución. Ante necesidades urgentes de liquidez recurren a operadores que, hasta ahora, han actuado sin autorización ni controles de solvencia, aplicando en muchos casos TAEs desorbitadas que han llegado a superar el 3.000% o 4.000% en algunos anuncios.
Propuesta de vinculación al ingreso y categorías diferenciadas
Para evitar decisiones de política basada únicamente en importes fijos, Asnef propone relacionar el límite máximo con un porcentaje de la capacidad de endeudamiento del solicitante. Concretamente, plantea usar el criterio habitual en consumo —alrededor del 35%-40%—, que convertiría el tope práctico en esos 400-500 euros para quienes perciben salarios bajos.
El director general de la asociación ejemplifica la idea con el caso de un trabajador que cobra el salario mínimo: autorizarle préstamos cercanos a 1.000 euros en productos de alto coste podría resultar pernicioso para su estabilidad financiera. Por ello, la patronal apuesta por un límite proporcional y no estrictamente nominal.
Categorías para comparar ofertas
Otra propuesta clave es la creación de categorías distintas dentro del crédito al consumo, de modo que el consumidor pueda comparar productos con mayor transparencia. Asnef sugiere separar créditos para vehículos, créditos con finalidad específica (como electrodomésticos o placas solares), créditos sin finalidad concreta, tarjetas revolving y otros préstamos de pago a plazo (por ejemplo, financiaciones comerciales al 0%).
La patronal sostiene que esta clasificación permitiría calcular topes de interés más ajustados según la naturaleza del producto: un préstamo garantizado por un bien no es comparable con uno destinado a cubrir gastos personales o vacaciones.
Topes de interés, supervisión y solapamientos normativos
Respecto a los límites de precio, Asnef se muestra reticente a la intervención directa de precios, aunque acepta la necesidad de topes máximos para prevenir abusos. El anteproyecto fija márgenes sobre el tipo medio del crédito al consumo (por tramos de importe) y establece condiciones particulares para los créditos de alto coste, como plazos mínimos de reembolso y un tipo de interés mensual de referencia.
Además de limitar importes y tipos, la norma exige que las entidades que concedan préstamos estén autorizadas y supervisadas. Este cambio pretende incorporar al radar regulatorio a cerca de un millar de operadores de microcréditos que hasta ahora actuaban al margen y no publicaban sus datos.
Petición sobre la ley de usura
En sus alegaciones, Asnef solicita también que, si el legislador fija topes por ley, se excluya la aplicación de la ley de usura a esos contratos, para evitar solapamientos normativos y un aumento de la litigiosidad. El objetivo es que exista seguridad jurídica y coherencia entre los límites administrativos y las causas civiles sobre tipos abusivos.
El debate continúa abierto mientras se tramita la transposición de la directiva europea: la redacción final del texto marcará cómo se equilibran protección al consumidor y funcionamiento del mercado del crédito al consumo.