La discusión sobre la regulación de los préstamos muy pequeños ha cobrado fuerza con la adaptación de la normativa nacional a la directiva europea sobre crédito al consumo. Una patronal relevante del sector ha solicitado cambios concretos al anteproyecto aprobado por el Gobierno, con el objetivo de limitar el riesgo financiero en colectivos vulnerables.
En este contexto, conviene entender qué implican los topes propuestos y por qué se debate la cuantía máxima de los llamados microcréditos de alto coste.
Estos productos se identifican por aplicar tasas de interés excepcionalmente elevadas sobre cantidades reducidas. Aunque el importe por operación suele ser bajo, el impacto sobre hogares con ingresos limitados puede ser desproporcionado.
El sector y las autoridades han señalado que la falta de supervisión previa permitió la proliferación de operadores que cobraban TAE abusivas, una situación que la nueva regulación pretende corregir obligando a autorización y control.
Qué regula el anteproyecto y por qué genera debate
El anteproyecto para transponer la directiva fija límites a los intereses y exige que todas las entidades prestamistas estén autorizadas y supervisadas. Hasta ahora, muchos operadores ofrecían préstamos sin cumplir requisitos de solvencia ni controles, lo que facilitó que se alcanzaran TAE estratosféricas en algunos contratos. La propuesta del Ejecutivo establece un tope para los microcréditos de alto coste en 1.000 euros por operación, un máximo de 60% TAE y plazos de devolución acotados entre tres y doce meses, medidas que pretenden acotar el riesgo sistémico.
La propuesta de la patronal y sus argumentos
La asociación que agrupa a entidades financieras especializadas ha solicitado reducir el importe máximo hasta un rango de entre 400 y 500 euros. Su planteamiento parte de la premisa de que autorizar micropréstamos de 1.000 euros a clientes con baja capacidad de pago podría agravar el sobreendeudamiento. Además, proponen que el importe máximo quede atado a un porcentaje de endeudamiento razonable del prestatario —entre el 35% y el 40%—, un criterio de prudencia que se emplea en otros productos de consumo y que limitaría de forma automática la cuantía según la renta y obligaciones del cliente.
Vinculación al porcentaje de endeudamiento
Solicitar que el límite se relacione con el nivel de endeudamiento busca introducir un control individualizado: en lugar de un tope absoluto, el máximo dependería de la situación financiera del solicitante. Según la patronal, esto evita que alguien con ingresos mínimos contraiga obligaciones que representen una carga desproporcionada. La fórmula propuesta es similar a la que se aplica en créditos tradicionales, donde se evalúa el porcentaje de renta destinado a pagos recurrentes.
Los límites de interés y la clasificación de productos
En materia de tipos, la patronal no rechaza topes que eviten abusos, aunque se muestra contraria a una intervención rígida de precios. El Gobierno plantea una metodología para fijar los máximos que parte del tipo medio del crédito al consumo publicado por el Banco de España y añade márgenes según la cuantía: por ejemplo, para importes inferiores a 1.500 euros se sumarían 15 puntos porcentuales al tipo medio. Este esquema pretende hacer coherentes los límites con la realidad del mercado, evitando tanto la usura como una restricción excesiva del crédito.
Clasificación por finalidad
Otro planteamiento relevante de la patronal es que los topes no deberían depender únicamente del importe y el plazo, sino también del tipo de producto. El argumento distingue entre créditos con garantía real —como la financiación de un vehículo— y préstamos destinados a consumo sin garantía, así como entre operaciones específicas (electrodomésticos, placas solares) y productos revolving. Su propuesta al Tesoro incluye clasificar los préstamos para que la regulación refleje las diferencias de riesgo entre finalidades.
Implicaciones prácticas y posibles conflictos normativos
La patronal pide además que, si se fijan tipos máximos por ley, no se aplique simultáneamente la legislación sobre usura a esos contratos para evitar duplicidades y litigios. Esta solicitud obedece a preocupaciones sobre certidumbre jurídica: la coexistencia de topes administrativos y la figura penal o civil de la usura podría dar lugar a interpretaciones contradictorias en los tribunales. En la práctica, cualquier cambio que reduzca los importes o modere los intereses alterará la oferta disponible y podría provocar la redefinición de modelos de negocio en el sector.
En conjunto, el debate enfrenta dos objetivos complementarios pero a veces tensos: por un lado, proteger a consumidores vulnerables frente a condiciones abusivas; por otro, permitir la existencia de productos que, con supervisión, cubran necesidades de liquidez puntuales. La resolución de estas tensiones marcará el acceso futuro a microfinanciación y la forma en que se gobierna un mercado que hasta ahora fue en gran parte no regulado.