El 18/02/2026 la Generalitat Valenciana reafirmó su apuesta por la financiación estable de los servicios sociales municipales mediante el Contrato Programa 2026-2028. Este instrumento de cooperación interadministrativa dota a los ayuntamientos de una dotación anual que, en su conjunto, asciende a 313,6 millones de euros, una cifra que supone un incremento respecto a ejercicios anteriores.
La visita de la secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario a Aldaia permitió revisar la aplicación práctica de estos fondos sobre programas locales y analizar necesidades concretas.
En el encuentro estuvieron presentes responsables autonómicos y municipales, con el objetivo de contrastar datos y conocer in situ el impacto de las ayudas.
Para 2026, Aldaia contará con una asignación de 1,7 millones de euros dentro del contrato, cifra que incorpora un aumento de 33.650 euros respecto a 2026 y que se destinará, entre otras prioridades, al fortalecimiento del Programa de Atención al Desarrollo Infantil (ADI).
Qué implica el contrato programa para los municipios
El Contrato Programa 2026-2028 actúa como columna vertebral del modelo de financiación sociosanitario valenciano. La Generalitat ha comprometido un presupuesto total de 1.217 millones de euros para el periodo, distribuido por provincias con criterios de población y necesidades: 172,2 millones para Castellón, 383,3 millones para Alicante y 661,7 millones para Valencia. Esta estructura busca ofrecer continuidad presupuestaria que permita a las administraciones locales planificar a medio plazo, consolidar plantillas y mejorar la prestación de servicios.
Además del montante global, la programación presupuestaria prevé incrementos adicionales en ejercicios sucesivos; por ejemplo, para 2026 se contempla un aumento suplementario de 22 millones de euros que reforzará la capacidad de respuesta municipal y facilitará la ejecución de proyectos ya iniciados.
Impacto tangible: plazas, profesionales y accesibilidad
Una de las consecuencias más notorias de la inyección económica es la ampliación de recursos físicos y humanos. La financiación permitirá crear más de 470 nuevas plazas públicas en centros y más de 100 plazas en residencias, con el objetivo de reducir listas de espera y descongestionar servicios esenciales. Asimismo, un incremento de 6,8 millones de euros destinado a atención primaria facilitará la contratación de personal, aumentando cerca de un 5% la plantilla profesional en este ámbito.
Mejoras en transporte adaptado y accesibilidad
Otro avance relevante es la actualización del módulo de transporte adaptado para personas con discapacidad en centros ocupacionales y de día. En dos años la cuantía por plaza pasó de 10 a 20 euros, una modificación que ha beneficiado aproximadamente a 820 personas. Esta medida responde a demandas históricas del sector y mejora la accesibilidad y la autonomía de usuarios vulnerables.
Refuerzo de programas infantiles
En el caso concreto de Aldaia, el incremento de 33.650 euros se ha orientado a consolidar y ampliar el Programa de Atención al Desarrollo Infantil (ADI). Se trata de intervenciones individualizadas dirigidas a menores con dificultades o en riesgo, ofreciendo apoyo en su entorno habitual. La financiación permite ampliar horas de intervención, recursos materiales y equipos multidisciplinares que trabajan de forma coordinada con las familias.
Cooperación institucional y planificación a futuro
La secretaria autonómica destacó que la clave del sistema reside en la colaboración entre administración autonómica y local. Una financiación estable facilita la planificación, evita la precariedad de equipos y da seguridad para implantar mejoras sostenibles. El diálogo mantenido en Aldaia permitió a ambas administraciones evaluar resultados, detectar carencias y priorizar actuaciones en función de la realidad municipal.
En términos prácticos, la continuidad del contrato programa y los incrementos presupuestarios previstos posibilitan proyectos de mayor calado: desde la creación de nuevas plazas hasta la formación de profesionales y la modernización de protocolos de atención. El objetivo final es garantizar una red pública de servicios sociales más cercana, eficaz y capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes de la población.