Boltaña impulsa una hoja de ruta para la financiación y la recuperación del medio rural

La Declaración de Boltaña reclama financiación suficiente, fiscalidad adaptada y mayor capacidad de decisión para los municipios como claves para frenar la despoblación

En Boltaña se celebró el V Congreso Nacional de Desarrollo Rural y Despoblación, donde representantes locales trazaron una ruta para revitalizar el mundo rural. El encuentro, celebrado en Boltaña, 26 de marzo de 2026, reunió a cerca de 300 asistentes y contó con alrededor de 50 ponentes.

La lectura final del texto, bautizada como Declaración de Boltaña, sintetiza las reivindicaciones que los gobiernos municipales trasladan a las administraciones superiores: más recursos, mayor margen de decisión y políticas diseñadas con base en la realidad territorial.

Los firmantes —alcaldes, presidentes de diputaciones, cabildos y consells insulares— plantean que la despoblación afecta a casi la mitad de los municipios españoles, por lo que reclaman un enfoque integral y esperanzador para revertir la tendencia.

El documento está en diálogo con la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico 2030 y subraya la necesidad de que las medidas lleguen a la práctica: coordinación interadministrativa, recursos garantizados y participación efectiva de los gobiernos locales en la toma de decisiones.

Demandas centrales y modelo de gobernanza

El manifiesto pone el acento en tres prioridades: una financiación local suficiente y estable, capacidad normativa y operativa para los ayuntamientos, y una fiscalidad que responda a las particularidades rurales. Se solicita, además, un marco regulatorio específico que recoja el Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población, diseñado para adaptar la normativa a realidades con escasa densidad poblacional. En paralelo, se reclama una simplificación administrativa que facilite el acceso a programas y fondos, evitando trabas que limitan la ejecución de proyectos en el territorio.

Las diez prioridades de la Declaración de Boltaña

La Declaración de Boltaña enumera diez prioridades que marcan la hoja de ruta para las políticas rurales. Entre ellas destacan la participación directa de las entidades locales en el diseño de estrategias nacionales, la aprobación de un marco legal estable para el medio rural y la garantía de una financiación local justa y permanente. También se propone una fiscalidad propia y adaptada que incentive la actividad económica y atraiga inversión, así como el refuerzo del papel de diputaciones, cabildos y consells insulares como apoyo técnico y administrativo a municipios con menos recursos.

Política agraria, vivienda y relevo generacional

En el ámbito productivo, los firmantes defienden una Política Agraria Común (PAC) que proteja a agricultores y ganaderos profesionales y favorezca el relevo generacional en el campo. En materia de vivienda se apuesta por medidas que faciliten el acceso y la rehabilitación del parque existente mediante una coordinación administrativa más eficiente. Además, el documento incorpora el principio de ruralidad, que obliga a integrar la perspectiva rural de forma transversal en todas las políticas públicas.

Comunicación, cohesión y pasos a seguir

La declaración no solo plantea medidas técnicas, sino que también reclama un cambio de relato: reforzar una narrativa positiva que visibilice las oportunidades del medio rural y su papel estratégico para el conjunto del país. El manifiesto insiste en que «gobernar el territorio es garantizar la igualdad», y que defender el medio rural equivale a preservar la cohesión nacional. Para avanzar, se propone mejorar la coordinación entre administraciones, ofrecer capacidad de ejecución a los municipios y garantizar recursos que permitan implementar las políticas planteadas.

Clausura y compromiso institucional

El congreso concluyó con la lectura oficial de la Declaración de Boltaña y con una conferencia de clausura a cargo de Carmelo Pérez Díez, alcalde de Belchite (Zaragoza) y presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), y de Francisco Díaz Latorre, director general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEMP. El texto finaliza con una llamada a la acción para que ninguna localidad quede fuera del futuro común y para que las medidas acordadas se traduzcan en realidades en los municipios.

Scritto da Staff

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