En un reciente encuentro en Santander, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, expresó su oposición al nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno central. Según Buruaga, este modelo no solo es inaceptable, sino que también representa una ofensa para todas las comunidades autónomas de España.
La propuesta, que se discutirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, fue calificada como un traje a medida del independentismo que no responde a las verdaderas necesidades de la nación.
La líder regional subrayó que este nuevo sistema perjudica especialmente a Cantabria, que, junto a Extremadura, sería la única comunidad autónoma que vería mermados sus recursos en comparación con el modelo actual.
Buruaga argumentó que la financiación debe ser equitativa y garantizar los servicios públicos esenciales a todos los ciudadanos, sin privilegios que atenten contra la igualdad entre los españoles.
Rechazo a la propuesta del Gobierno
Buruaga ha declarado que la propuesta de financiación es indefendible.
Hizo hincapié en que el nuevo modelo prioriza la población al repartir fondos, lo que deja de lado otras variables cruciales para Cantabria, como el envejecimiento poblacional y la dispersión geográfica. A su juicio, el principio fundamental en la distribución de recursos debe ser el coste efectivo de los servicios, un criterio que, según ella, ha sido gravemente desatendido por la nueva propuesta.
Impacto en los servicios públicos
La presidenta advirtió que, si se aprueba el nuevo modelo, Cantabria enfrentaría serias dificultades para mantener los estándares de calidad en la prestación de servicios como la sanidad y la educación. “Estamos hablando de la supervivencia de nuestra comunidad autónoma”, afirmó, añadiendo que la situación es crítica y que su Gobierno no escatimará esfuerzos para defender los intereses de Cantabria en esta negociación.
Además, Buruaga remarcó que el actual sistema no debe ser visto como un ranking, donde lo que importa es ser el primero o el segundo, sino que se debe asegurar que Cantabria no reciba menos de lo que realmente necesita para financiar sus servicios. Rechazó la idea de que la comunidad está sobrefinanciada, argumentando que Cantabria ha asumido más competencias y obligaciones de las que el Estado ha financiado adecuadamente.
Un llamado a la unidad política
La presidenta instó a todos los partidos políticos de Cantabria a unirse en un frente común para defender los intereses de la comunidad. “No es una cuestión de ideologías, sino de justicia y supervivencia”, enfatizó, añadiendo que en este asunto no hay espacio para discrepancias entre derechas e izquierdas. Buruaga resaltó que el apoyo de los agentes económicos y sociales es crucial, y que todos deben trabajar juntos para evitar que la comunidad sufra un trato desigual.
Acciones futuras y alianzas
A pesar de sus dudas sobre la viabilidad de la propuesta del Gobierno, que considera que tiene pocas posibilidades de prosperar en el Congreso, Buruaga se comprometió a utilizar todos los recursos legales a su disposición, incluyendo la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. “Nos defenderemos con uñas y dientes”, afirmó, mostrando su determinación de luchar por los derechos de Cantabria en cada foro y mediante cada mecanismo legal disponible.
En este contexto, Buruaga también destacó la importancia de las alianzas con otras comunidades autónomas que comparten preocupaciones similares sobre el modelo de financiación. La Declaración de Santiago, firmada por varias regiones, se citó como una guía a seguir en la lucha por una financiación justa y equitativa.
La presidenta de Cantabria se mantiene firme en su oposición a la propuesta del Gobierno, enfatizando que no se puede negociar lo que es un derecho para todos los españoles con aquellos que buscan la independencia. Su mensaje es claro: la financiación debe ser un asunto de igualdad y solidaridad entre todas las comunidades, y no un juego político que favorezca a unos pocos en detrimento de otros.