El Gobierno español ha decidido modificar la normativa que regula el uso de los ahorros en intereses por parte de las comunidades autónomas. Esta decisión, anunciada por la vicepresidenta Montero, busca facilitar la gestión de la deuda autonómica. No obstante, ha sido recibida con críticas por parte de la oposición y expertos en finanzas públicas.
Detalles de la modificación
La vicepresidenta Montero presentó el cambio como un avance que beneficiará a todas las comunidades, no solo a Cataluña. Sin embargo, este enfoque ha sido cuestionado, especialmente por la oposición, que argumenta que se trata de una medida diseñada para favorecer a los gobiernos regionales con peores antecedentes en la gestión financiera.
En el borrador original de la norma, que había sido enviado a las comunidades autónomas meses atrás, se establecía que cualquier ahorro en intereses debía destinarse obligatoriamente a la reducción del déficit. Esta cláusula ha sido eliminada en el texto finalmente aprobado por el Consejo de Ministros, a instancias de ERC y Junts, lo que permite a la Generalitat de Cataluña disponer de más recursos.
Reacciones políticas y críticas
La medida ha generado una ola de críticas, no solo desde la oposición, sino también desde analistas económicos que advierten sobre los riesgos de esta reforma. La argumentación de Montero, que sostiene que el cambio fortalecerá el Estado de Bienestar y facilitará la financiación de las comunidades en los mercados, ha sido puesta en duda.
Los mercados, según expertos, valoran más la ortodoxia fiscal que el aumento del gasto.
Además, se ha señalado que la supuesta reducción de la deuda que se ofrece a las comunidades podría interpretarse como una concesión al chantaje político por parte de los partidos separatistas.
De este modo, el Gobierno podría estar allanando el camino para la entrega del cupo a Cataluña sin abordar previamente la reforma del sistema de financiación autonómica, que es, en gran medida, la causa del sobreendeudamiento de varias comunidades.
Contexto y antecedentes
Esta no es la primera vez que se discuten cambios en el sistema de financiación autonómica. En 2018, Montero, entonces consejera de Hacienda de Andalucía, rechazó la propuesta de condonar parte de la deuda a las comunidades, argumentando que debía prevalecer el debate sobre el modelo de financiación. Este contexto histórico añade una capa de complejidad a la actual situación, donde la percepción de que se premia a los gobiernos con peores gestiones puede generar desconfianza tanto en la ciudadanía como en los inversores.
El debate sobre las finanzas autonómicas en España está lejos de resolverse. La eliminación de esta normativa, que permite a las comunidades autónomas gastar lo que ahorran en intereses, podría tener repercusiones significativas en la gestión fiscal del país. La presión para encontrar un equilibrio entre la autonomía fiscal y la responsabilidad financiera es mayor que nunca, y este cambio legislativo podría ser un punto de inflexión en la forma en que se gestionan las finanzas regionales en el futuro.
