La Generalitat ha dado un paso decidido para dotar a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) de más recursos técnicos y humanos con el objetivo de asumir competencias en materia de IRPF. El Ejecutivo autonómico aprobó un contrato programa que contempla una inyección presupuestaria durante los próximos tres años por un importe superior a los 500 millones de euros, destinada a modernizar sistemas, ampliar plantilla y cubrir funciones de gestión, inspección y recaudación.
Ese impulso se enmarca en un compromiso político abierto entre el PSC y ERC, derivado del acuerdo que facilitó la investidura de Salvador Illa, y se acompaña de un calendario de implantación progresiva. Según la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, la transferencia de funciones será paulatina y su marcha depende de reformas normativas que deben tramitarse en el Congreso de los Diputados.
Fases del traspaso: de la colaboración a la gestión plena
El plan contempla tres etapas bien definidas. En la primera fase se habilita una colaboración entre la administración estatal y la autonómica, con la ATC ofreciendo información y asistencia a contribuyentes, especialmente durante las campañas del IRPF de este año y del siguiente. Esta fase pretende asegurar la adaptación técnica y la formación del personal antes de asumir competencias ejecutivas.
Gestión parcial en 2028
La segunda fase, prevista para 2028, supone que la ATC inicie una gestión parcial del impuesto. En ese momento podrá dictar actos administrativos y desempeñar funciones de gestión, inspección y recaudación en ámbitos delimitados. Esto incluye la verificación de datos y el comienzo de la imposición de sanciones en los casos que encajen dentro de sus nuevas atribuciones, siempre en coordinación con la administración estatal.
Gestión integral y potestad sancionadora en 2029
La tercera etapa está prevista para 2029, cuando se espera el inicio de la gestión integral del IRPF por parte de la ATC, junto con la plena capacidad sancionadora. Para alcanzar ese estadio será necesario el refuerzo de medios técnicos y personas y la aprobación de las modificaciones legales que deleguen efectivamente estas competencias. La Generalitat subraya que la culminación del despliegue está supeditada a la convalidación de cambios normativos en el Congreso.
Condicionantes políticos y reformas legales
El calendario autonómico está ligado a una batería de reformas que deben tramitarse en las Cortes Generales. PSC y ERC aún negocian el texto exacto que concretará la transferencia dentro del marco del nuevo modelo de financiación autonómica. Los acuerdos alcanzados sobre los Presupuestos catalanes contemplan incluir esta cuestión tras el verano, junto a la reforma de la LOFCA, cuya aprobación en el Congreso será clave para validar la bilateralidad y los recursos comprometidos.
En ese escenario, la Generalitat ha pedido el respaldo de otros grupos, entre ellos Junts, y ha encajado críticas desde comunidades gobernadas por el PP, que han tildado la medida de concesión de privilegios. Al mismo tiempo, el PSC presenta el avance como el cumplimiento de un pacto con ERC que permite desbloquear la prórroga de cuentas: la Generalitat mantiene vigentes las cuentas de 2026 y busca normalizar su situación financiera.
Contexto político y reacciones
La reclamación de una hacienda propia es una demanda histórica del nacionalismo catalán que ERC elevó en verano de 2026 al PSC como condición para facilitar la investidura de su líder, Salvador Illa. Desde entonces se ha producido un tira y afloja sobre los plazos y los recursos necesarios; el PSC sostuvo que la ATC necesitaba refuerzos antes de asumir el calendario inicialmente propuesto por ERC.
El Ejecutivo autonómico ha puesto en valor el papel de ERC para cerrar el acuerdo presupuestario y ha agradecido su contribución a poner fin a tres prórrogas presupuestarias consecutivas. Mientras tanto, la situación política general —incluyendo la necesidad de votos en el Congreso y asuntos de alcance nacional mencionados en la esfera pública— condiciona el desenlace y la urgencia con la que se impulsarán las reformas legales necesarias.
Perspectivas y riesgos
Si las reformas legales se aprueban y la ATC alcanza los objetivos de modernización previstos, la transferencia del IRPF podría consolidar un nuevo modelo de financiación y gestión tributaria en Cataluña. No obstante, la medida también abre un periodo de interlocución política con el Estado y suscita reacciones encontradas entre comunidades autonómicas y formaciones políticas que vigilarán el impacto en la equidad del sistema fiscal y en la dinámica partidista nacional.
