La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa un borrador que revisa el Reglamento General de Exención por Categorías (GBER). Este texto pretende simplificar el acceso a subvenciones estatales al extender las categorías que pueden concederse sin la autorización expresa de la UE.
El objetivo declarado es acelerar la financiación de proyectos considerados estratégicos —desde la investigación hasta la vivienda social— mediante normas más claras y menos trámites administrativos.
La norma original del GBER entró en vigor en 2014 y desde entonces ha sufrido varias modificaciones.
Ahora la Comisión describe esta actualización como la más profunda desde su lanzamiento, buscando adaptar la regulación a cambios tecnológicos, sociales y de mercado. En términos prácticos, se introducen nuevos límites y condiciones para distintas formas de apoyo público, así como mayores facilidades para empresas innovadoras y para iniciativas de eficiencia energética en la vivienda.
Un vistazo a los cambios más relevantes
En el borrador se fijan umbrales concretos para las partidas de investigación: hasta 55 millones de euros por empresa y proyecto para investigación fundamental, 35 millones para investigación industrial y 25 millones para desarrollo experimental. Además, las pymes reciben un trato reforzado: se amplían instrumentos financieros flexibles y se contempla un tratamiento fiscal más favorable para las opciones sobre acciones de empleados, con un límite máximo de 16,5 millones de euros por empresa en este apartado.
Vivienda y eficiencia energética: mayor intensidad y topes superiores
Una de las novedades más visibles afecta a la financiación de proyectos de vivienda social y asequible. La propuesta mide la ayuda pública por intensidad de la ayuda, es decir, el porcentaje del coste subvencionable cubierto por la subvención. Para obras de renovación energética en vivienda social o asequible se añade un incremento de hasta 20 puntos porcentuales sobre las ayudas base: normalmente un 30% para renovación de edificios existentes y un 15% para nueva construcción.
Además, la ayuda máxima que puede concederse sin notificar a Bruselas alcanza el 90% de la financiación de todos los costes subvencionables, con un límite absoluto de 30 millones de euros por empresa y proyecto. Estas cifras buscan incentivar la rehabilitación energética en colectivos vulnerables y proyectos de vivienda que prioricen la asequibilidad y la eficiencia.
Sectores estratégicos, startups y formación
El borrador flexibiliza el acceso a ayudas en sectores como agricultura, pesca y acuicultura, que ahora pueden acogerse a la mayoría de categorías. En energía renovable se elimina el antiguo tope anual de 300 millones de euros para ayudas al funcionamiento, permitiendo apoyos a mayor escala. Asimismo, se amplía el alcance de subvenciones para aeropuertos, cubriendo ahora aquellos con menos de 3 millones de pasajeros anuales.
Apoyo a la innovación y capital débil
Para las empresas jóvenes e innovadoras, especialmente las startups con estructuras de capital débiles, la revisión reduce barreras para acceder a ayudas de I+D+I. También se facilita el apoyo a infraestructuras de ensayo y experimentación y se promueven incentivos para formación en competencias digitales y STEM, con la intención de reforzar la competitividad del tejido laboral y empresarial.
Impacto previsto y cifras recientes
La Comisión argumenta que la simplificación administrativa permitirá a los Estados miembros impulsar la competitividad sin esperar la aprobación previa de Bruselas. Según datos citados en el contexto de la propuesta, en los Estados miembros desplegaron 6.509 proyectos amparados por el GBER, representando el 69% del total de ayudas desembolsadas y una subida de 28 puntos porcentuales desde la puesta en marcha de la regulación. Estos números ilustran el papel creciente de las exenciones por categorías como mecanismo ágil de apoyo público.
En palabras de Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, el nuevo borrador busca reducir la carga administrativa y simplificar la legislación para que los Estados puedan reaccionar con rapidez a necesidades económicas y sociales. El texto final deberá ser negociado y aprobado en las instancias correspondientes antes de su entrada en vigor.