En los últimos actos institucionales dedicados a la Constitución de 1978 se ha evidenciado una disputa no solo por hechos históricos, sino por la forma en que esos hechos se narran. La Transición, presentada por muchos como un proceso de pacto y consenso, aparece hoy sometida a interpretaciones contrapuestas: para algunos, figura como el eje de la reconciliación nacional; para otros, el relato oficial habría de ser revisado a la luz de nuevas políticas de memoria.
La ausencia de referencias al papel de Juan Carlos I en discursos y homenajes ha encendido el debate. Quienes vivieron y protagonizaron el proceso de reforma política —incluidos diputados de las Cortes Constituyentes— perciben que se borra una parte relevante de la historia.
Al mismo tiempo, sectores que impulsan leyes de memoria sostienen que la revisión crítica es necesaria para completar una narración más plural sobre el pasado.
Qué está en disputa
El conflicto gira en torno a la definición del relato nacional: ¿se debe conservar la versión tradicional que sitúa a la Corona como garante de la transición desde la dictadura a la democracia, o bien revisar esa interpretación a favor de una mirada más crítica? La polémica se alimenta por la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y la más reciente Ley de Memoria Democrática, iniciativas legislativas que buscan reordenar símbolos, referencias y responsabilidades del pasado.
Para muchos veteranos de la política, la omisión de figuras como Juan Carlos I, Torcuato Fernández Miranda o Adolfo Suárez en actos oficiales equivale a una forma de manipulación simbólica del pasado.
Actores y motivaciones
En el centro del debate aparecen actores diversos: antiguos protagonistas de la Transición, responsables políticos actuales, partidos independentistas y colectivos de memoria. Algunos diputados separatistas boicotearon ceremonias relacionadas con la Constitución, y ese gesto se interpreta como reflejo de una fractura política. Por su parte, el Gobierno y sus aliados defienden la necesidad de recuperar historias silenciadas por el franquismo; sus críticos denuncian que el resultado es una lectura parcial que marginaliza a quienes fueron clave en la consolidación del orden constitucional.
La perspectiva de los protagonistas de 1977
Quienes participaron en las Cortes Constituyentes recuerdan que entre 1975 y 1978 se produjo un ejercicio colectivo de reforma legal que culminó con la aprobación por referéndum de la Constitución. En esa secuencia, figuras procedentes del antiguo régimen desempeñaron papeles decisivos: redactaron la Ley de Reforma Política, legalizaron partidos y convocaron elecciones libres por primera vez desde 1936. El reconocimiento de estos hechos choca con la tendencia actual a reescribir la foto pública del momento, eliminando a ciertas personalidades del relato oficial.
Memoria, mentira y conformidad
El ensayo de Václav Havel sobre la vida dentro de la mentira sirve de paralelismo: los regímenes autoritarios se sostienen no solo por la violencia, sino por la aceptación cotidiana de rituales falsos. En el debate español contemporáneo, algunos observadores ven un riesgo similar cuando se institucionaliza una versión única de la historia. Otros contestan que la revisión crítica no implica falsedad, sino ampliación del conocimiento para incluir voces hasta ahora marginadas.
Consecuencias políticas y sociales
La disputa por el relato tiene efectos prácticos: alimenta la polarización, condiciona alianzas parlamentarias y marca el tono de la confrontación pública. Un Gobierno que depende de apoyos políticos diversos puede ver en la relectura del pasado una vía para consolidar mayorías; sin embargo, esa estrategia puede profundizar la fragmentación si amplios sectores interpretan la acción como una eliminación selectiva de la memoria. La tensión entre recordar y olvidar, entre honorar a ciertos protagonistas y cuestionar estructuras, define hoy la discusión sobre la Transición.
Conclusión
El debate sobre la figura de Juan Carlos I y la interpretación de la Transición revela que la memoria histórica es un terreno en disputa permanente. No se trata únicamente de reparar injusticias del pasado, sino de decidir colectivamente qué relatos queremos que sostengan la convivencia democrática. Igual que en cualquier sociedad plural, la revisión crítica y el reconocimiento de hechos complejos deben combinarse con el propósito de preservar la paz cívica y la verdad histórica.