El panorama que dibuja el Informe CYD sitúa a la universidad pública española en una posición de desventaja frente a sus pares europeos. En términos absolutos, el gasto por estudiante en se cifró en 18.369 dólares, una cifra que queda sensiblemente por debajo de los promedios de la OCDE y la Unión Europea.
Al mismo tiempo, la financiación presenta una marcada variación entre comunidades autónomas, lo que genera desigualdades en el coste real que asumen las familias y en la capacidad de las universidades para invertir en personal, infraestructuras y actividades de investigación.
Este artículo resume las claves del informe: el peso relativo del sector público y privado en el coste universitario, la evolución reciente del gasto, las diferencias territoriales y las propuestas para acercarse al objetivo fijado por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Se presta especial atención a cifras comparativas y a las recomendaciones sobre gobernanza y modelos de financiación.
Financiación total y esfuerzo privado
España recibe un menor aporte público que el promedio europeo: el 65,9% del gasto total en universidades procede del sector público, frente al 68% de la OCDE y el 75,8% de la UE. Como consecuencia, el esfuerzo privado aumenta: las familias y estudiantes cubren el 31,8% del total, muy por encima del 19,5% de la media europea. Esta estructura convierte a los hogares en actores decisivos para la financiación universitaria y condiciona la accesibilidad y equidad del sistema.
Comparación internacional
La referencia de 18.369 dólares por estudiante () sitúa a España un 19,5% por debajo del promedio de la OCDE y un 14,5% por debajo de la media de la UE. Estas brechas no solo muestran una diferencia cuantitativa, sino que apuntan a limitaciones estructurales que afectan a la capacidad de las universidades para competir en investigación y atraer talento.
Evolución del gasto y composición presupuestaria
En los últimos años se ha observado un incremento del gasto público en universidades: el dato alcanza el 0,75% del PIB en, frente al 0,69% de 2015. No obstante, cuando se analizan los presupuestos liquidados en términos reales, los recursos de para las universidades públicas presenciales resultan aproximadamente un 10% inferiores a los de 2009, una referencia previa a la crisis de la deuda soberana.
La estructura del gasto en muestra que la partida de personal absorbe la mayor proporción de los recursos. Le siguen las inversiones reales en infraestructuras y equipamientos y, por último, los gastos corrientes en bienes y servicios. Entre 2015 y, en términos nominales, los incrementos fueron: 31,3% en personal, 22,7% en bienes y servicios y 56,3% en inversiones reales.
Objetivo LOSU y exigencias para alcanzarlo
La LOSU plantea alcanzar un gasto público universitario del 1% del PIB en 2030. Según el informe, cumplir esa meta requiere planificación, consenso y mecanismos de seguimiento robustos. La comisión de trabajo creada en —que reúne al Ministerio, las comunidades autónomas, la CRUE, consejos sociales, sindicatos y estudiantes— se presenta como una ventana para acordar calendarios y compromisos vinculantes.
Desigualdades por comunidades autónomas y repercusión en las tasas
La financiación presenta fuertes contrastes territoriales: más del 80% de las transferencias que reciben las universidades públicas presenciales proceden de las administraciones autonómicas. En términos absolutos, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra y Comunidad Valenciana superan los 10.000 euros por estudiante en transferencias corrientes y de capital. En el extremo opuesto, la Comunidad de Madrid registra la cifra más baja con 6.975 euros por estudiante, seguida de Extremadura, Andalucía y Cataluña.
Si se relaciona la financiación con el PIB per cápita regional, se observan diferencias en el esfuerzo relativo: Madrid muestra la menor ratio (16,3%), seguida por Cataluña (23,5%) y Baleares (26,7%). Por el contrario, Cantabria (41,2%), Comunidad Valenciana (38,1%) y Andalucía (36%) realizan un mayor esfuerzo en proporción a su riqueza.
Tasas universitarias y carga para las familias
Alrededor del 75% de los ingresos por tasas y precios públicos provienen de las aportaciones de alumnado y familias. La recaudación por alumno varía notablemente: en Galicia, con precios más reducidos, es de 1.061 euros, mientras que en Madrid alcanza 2.052 euros. En términos relativos, en algunas comunidades el esfuerzo familiar supera el 6% del PIB per cápita regional (Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y Cantabria), mientras que en otras no llega al 4% (País Vasco, Baleares y Galicia).
El informe subraya que la elevada dependencia de las comunidades autónomas dificulta una respuesta coordinada frente a retos de sostenibilidad y equidad. Para superarlo, es imprescindible reforzar la inversión pública y modernizar el modelo de financiación, combinando suficiencia, estabilidad y rendición de cuentas.
En su propuesta, la autora del informe plantea vincular parte de los recursos a objetivos verificables —por ejemplo en investigación, transferencia de conocimiento o inserción laboral— y fomentar una colaboración estratégica con el sector privado, todo ello acompañado de mayor gobernanza y transparencia.
Solo con un marco financiero suficiente, equitativo y eficiente podrá consolidarse una universidad pública de calidad, capaz de formar talento, generar conocimiento y actuar como motor de innovación y cohesión social.